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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado de Nicaragua aplicar medidas cautelares a 95 nicaragüenses que han sido objeto de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril, según información disponible en su sitio web.

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Entre los beneficiarios de las medidas cautelares se encuentran 20 universitarios, 22 defensores de derechos humanos, 14 periodistas y colaboradores de medios de comunicación, 15 familiares de víctimas mortales de la represión a protestas antigubernamentales, tres sacerdotes, cuatro niños y un grupo de empresarios.

Las medidas se han solicitado a través de 15 resoluciones emitidas entre el 21 de mayo y el 25 de julio. Según la CIDH, a través de la solicitud de las medidas cautelares, el Estado debe asegurar “que sus agentes respeten la vida e integridad personal del beneficiario de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos” y “proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”.

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Las solicitudes más recientes habrían sido para un grupo de empresarios nicaragüenses que participaron o tuvieron relación con el diálogo nacional, aunque estas aún no se han hecho públicas.

Previamente, la CIDH solicitó medidas cautelares para los integrantes del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Cristhian Fajardo y Yubrank Suazo, así como para el integrante del Movimiento 19 de abril de Matagalpa, Daniery Rodríguez.

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No obstante, en el caso de Fajardo, lejos de protegerlo, las autoridades judiciales lo acusan  de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y obstaculización de servicios públicos.

En la misma resolución son beneficiadas Yaritzha Rostrán, Joselyn Urbina y Levis Artola, todos estudiantes que estuvieron atrincherados en la UNAN-Managua. Asimismo, se otorgaron a Sandra Ramos, feminista e integrante de la mesa de diálogo nacional.

En otras resoluciones, la CIDH benefició a tres personas que habían sido capturadas en un tranque de Jinotepe, encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial y posteriormente liberadas.

También recibieron medidas cautelares el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Félix Maradiaga; tres sobrevivientes del incendio en el barrio Carlos Marx de Managua, un bombero voluntario que habría sobrevivido a varios atentados contra su vida.

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En la lista figuran, además, cuatro líderes estudiantiles de Matagalpa y León, un hombre que hasta la actualidad está desaparecido, Migueliuth Sandoval, viuda del periodista asesinado Ángel Eduardo Gahona; y 19 defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), incluidos Marcos Carmona y Denis Darce.

Los primeros beneficiarios fueron 13 universitarios del movimiento estudiantil, cuatro menores de edad y familiares de heridos o víctimas mortales de la represión, monseñor Silvio José Báez, el padre Edwin Román, párroco de Masaya, el jesuita José Alberto Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana, y el defensor de derechos humanos Álvaro Leiva.

El otorgamiento de medidas cautelares a manifestantes y civiles que han denunciado la violencia estatal cobran singular importancia en la actualidad, cuando la misma CIDH ha denunciado una etapa de represión por parte de las autoridades en Nicaragua, consistente en la criminalización de los manifestantes.