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Las amenazas y el asedio de civiles armados son las causas que condujeron al cierre temporal de las oficinas de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), según denunció esta organización.

Algunos miembros de la organización, incluido su director Álvaro Leiva, tuvieron que abandonar el país.

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La ANPDH "se ha mirado amenazada tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive, en contra de nuestros defensores de derechos humanos", declaró la organización en un comunicado.

El director de ANPDH, Álvaro Leiva, y algunos de sus colegas salieron del país, asegurando que sus vidas estaban en peligro.

Activistas que gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abandonaron Nicaragua, afirmó el doctor Danilo Martínez Rodríguez, delegado de ANPDH.

Martínez dijo a El Nuevo Diario que “por seguridad” ellos han decidido no brindar información sobre el sitio donde se encuentran. De Álvaro Leiva solo se sabe que salió de Nicaragua el jueves pasado.

Consultado sobre el caso de la ANPDH, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, expresó que “es realmente lamentable que muchos nicaragüenses que tienen derecho a vivir en libertad y a que se les respete como hijos de esta tierra, tengan que vivir en estos momentos escondidos, en casas de seguridad o cambiando de casas o teniendo que salir del país”.

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En su último informe sobre las consecuencias humanitarias de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que inició el 18 de abril, la ANPDH informó de 448 muertos, la mayoría jóvenes manifestantes; 2,800 heridos y cientos de "secuestrados" y desaparecidos en manos de las "fuerzas combinadas" de policías y civiles armados y enmascarados.

Caso sin precedente

En su nota, la ANPDH señala al Gobierno de prácticas violatorias a los derechos humanos, indicando que el cierre fue decidido como medida preventiva a fin de garantizar la integridad física de sus colaboradores, quienes estaban expuestos al asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas amenazantes.

No obstante, la organización informó que continuarán realizando su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos, a través de correo electrónico y WhatsApp.

El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, calificó la situación de ANPDH como un “grave precedente” para las organizaciones de derechos humanos, que evidencia el alto nivel de peligrosidad de la persecución de operadores estatales.

“He estado con el Cenidh por 26 años y como defensores podemos decir que nunca habíamos estado bajo tanto riesgo y amenazas”, destacó Carrión señalando que su organización tiene una década con medidas cautelares. 

“Desconocemos con certeza a qué se debió la decisión de ANPDH, pero tiene que ser una situación realmente peligrosa para cerrar sus oficinas”, comentó Carrión.

Medidas cautelares

El secretario ejecutivo de ANPDH, Álvaro Leiva, obtuvo medidas cautelares de la CIDH desde el pasado 5 de junio, tras interceder humanitariamente durante los ataques en el departamento de Masaya, junto al sacerdote de esa ciudad Edwin Heriberto Román Calderón.

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“El Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”, detalló la CIDH a través de un comunicado de prensa colgado en la página de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH ha solicitado al Estado de Nicaragua concertar las medidas a adoptar con las personas a las que se les ha otorgado medidas cautelares y a investigar cada uno de los casos.

De las 95 medidas cautelares otorgadas por la CIDH a nicaragüenses, 20 son para activistas de derechos humanos y 14 para periodistas y colaboradores de medios de comunicación.