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  • EFE

Representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) discutieron hoy la situación del país tras conocer del exilio del activista Álvaro Leiva, por "amenazas" contra su vida.

El Meseni y la Acnudh se reunieron con miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y otras organizaciones similares "para intercambiar aspectos sobre la situación de Nicaragua", informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega en la presidencia, al igual que ahora.

A la reunión de los defensores de los derechos humanos, desarrollada a puertas cerradas en la sede del Cenidh, cerca de la casa de Ortega en Managua, también asistieron integrantes de organizaciones defensoras de las mujeres.

El director de ANPDH, Álvaro Leiva, y algunos de sus colegas salieron del país, asegurando que sus vidas estaban en peligro. ARCHIVO/END

El exilio de Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), ha causado asombro en el país, ya que se trata de uno de los defensores activistas más destacados en la crisis, ya que sus negociaciones salvaron vidas y permitieron la libertad de ciento de reos políticos desde el estallido social del 18 de abril.

La ANPDH indicó el domingo en un comunicado en el que anunciaba el cierre de sus oficinas en Managua que Leiva fue víctima del "asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a nuestras oficinas de denuncias de violaciones a los derechos humanos".

Para muchas víctimas de las violaciones a los derechos humanos, Leiva y la ANPDH eran la única esperanza de encontrar justicia.

El activista salió de Nicaragua horas después de que lo hizo el popular cantautor Carlos Mejía Godoy, autor del himno del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por las mismas razones.

La CIDH y la Acnudh han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de once años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.