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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) elevó ayer a 130 la cifra de personas que han participado en las protestas, iniciadas en abril pasado, y que están siendo judicializadas actualmente, acusadas de delitos como terrorismo, crimen organizado, secuestros, extorsión y hasta asesinatos. 

Sin embargo, se estima que la cifra sea mucho mayor, puesto que aún hay personas que no interponen denuncias ni han solicitado acompañamiento de los abogados a los organismos de derechos humanos, afirmó Denis Darce, funcionario de la CPDH. 

“Estamos observando un comportamiento del Estado en el que prácticamente todas las instituciones se  confabulan para criminalizar el derecho de los ciudadanos a protestar”, denunció Darce, quien, además, mencionó que actualmente se desconoce la cantidad completa de presos políticos que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) o El chipote y otras delegaciones policiales. 

“Vemos; por ejemplo, a chavalos que nunca en su vida tomaron un arma acusados de terrorismo; médicos que su única acción en el marco de estas protestas ha sido atender heridos; comerciantes que han tenido trabajos honestos y campesinos que su único delito ha sido plantear una posición contraria al Gobierno”, enfatizó el funcionario. 

Hasta el pasado 30 de julio, la CPDH había atendido los casos de 120 manifestantes criminalizados por las autoridades nicaragüenses, entre los que se contaban ocho adolescentes. 

En tanto, la Policía Nacional continúa presentando a presuntos involucrados en “actos terroristas”. El último caso reportado es el de Olesia Muñoz, presentada ayer por la Policía Nacional como una “peligrosa delincuente”, a quien se le acusa de liderar una banda terrorista y de cometer delitos, como crimen organizado, extorsión, robo y “entorpecimiento de servicios públicos”, por su participación en los tranques en Niquinohomo, Masaya. 

Más amenazas y persecución

Asimismo, la CPDH informó ayer que la situación de amenazas y persecución se han agravado en las últimas dos semanas, puesto que han llegado alrededor de 250 personas a interponer denuncias de este tipo a las oficinas de este organismo. 

Por su parte, Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó la represión gubernamental como una situación “nunca antes vista”, ante la salida de miles de nicas en busca de refugio en otros países por la persecución política desatada a raíz de las protestas. 

“Hay muchas personas que la feroz persecución los quería cazar para imputarles cargos con acusaciones arbitrarias. Actualmente hay más de cien personas con juicios políticos que tenemos en las cárceles. Quienes han huido, lo hicieron porque defendían sus derechos”, sentenció Carrión.