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Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son efectivas en un Gobierno en donde funciona el estado de derecho, pero en Nicaragua no funciona, expresaron representantes de organizaciones de derechos humanos, los cuales han sufrido ataques directos desde campañas de desprestigio hasta agresiones físicas.

El director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, destacó que desde antes de las protestas las labores de los defensores de derechos humanos en Nicaragua se veían obstaculizadas; sin embargo, en el contexto de las protestas sociopolíticas, la agresividad de los funcionarios y los simpatizantes del partido de Gobierno, se elevó al nivel de ponerles armas en la cara, amenazas de muerte y detenciones sin fundamentos.

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“Nosotros enviamos una carta a la Procuraduría General de la República expresando que lo único que necesitamos es que nos dejen trabajar, porque al fin y al cabo las limitaciones en cuando al ejercicio de defensa y promoción de los derechos humanos siempre han sido bloqueados por las mismas instituciones del Estado”, dijo Carmona.

El director de la CPDH comentó que las instituciones ni siquiera permiten el ingreso a las áreas públicas o procesos judiciales que deben ser públicos, según el Código Procesal Penal.

“Nos estamos movilizando a nivel nacional para verificar las denuncias; sin embargo, tenemos algunos temores, porque aún hay grupos de paramilitares desplazados en el territorio”, expresó.

No cerrarán oficinas

Señaló además que a una de las promotoras de este organismo en Carazo le pusieron un arma en la cara y que cuatro de sus promotores en Rivas fueron capturados por el Ejército, entregados a la Policía, luego el Ministerio Público levantó una serie de cargos delictivos, que según asegura Carmona no tienen fundamentos.

Su representante destacó que la CPDH tiene el compromiso con el acompañamiento de las víctimas y sus familias, que de no ser así, quedarían en la indefensión, por lo tanto, no piensan en el cierre de sus oficinas.

El 5 de julio Carmona denunció amenazas de muerte contra él de parte de un grupo pro-Gobierno que se autodenomina “Cazaperros”.

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Sobre el cierre de las oficinas de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), representantes de la CIDH sostendrán una reunión con la representación de la CPDH, tal como el lunes lo hicieron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Juan Carlos Arce, miembro del Cenidh, dijo que esta organización también está bajo medidas cautelares, pero nunca fueron concertadas por las autoridades para hacerlas efectivas.

Explicó que las medidas cautelares significan una orientación de protección a nivel internacional, son solicitadas por la CIDH al Gobierno y piden que se tome un acuerdo sobre cómo se van a aplicar, pero están pensadas para aplicarse en un estado de derecho y, lamentablemente, aquí no existe ni institucionalidad.

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Indicó que trabajar en la defensa de los derechos humanos siempre implica un riesgo porque hay que enfrentar al poder abusador y esta situación de hostilidad, agresión, persecución, hostigamiento, amenazas y hasta criminalización, no es nuevo, pues lo vienen sufriendo por cuestionar al poder.

“Sin embargo, en estos casi cuatro meses de represión desmedida, nos encontramos con una cara (del Gobierno  y sus partidarios) que no habíamos visto. En el ejercicio de nuestra labor hemos sido víctimas. Días antes de que estallara esto, en el marco de las actividades de Indio Maíz, un motorizado me propinó una patada en el pecho”, dijo Arce, destacando que la labor de los defensores es legítima, necesaria y totalmente fundamentada en el marco jurídico nacional e internacional.