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  • EFE

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó hoy la posición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de reconocer 197 muertos, 5 de ellos universitarios, en protestas contra su Gobierno, y no una cantidad entre 317 y 448, establecida por organismos humanitarios.

"La verdad es que un muerto es demasiado. Debe cesar la violencia, no estamos hablando de mercancía", dijo el representante de los empresarios en la Alianza, José Adán Aguerri, a periodistas.

El Gobierno de Nicaragua brindó este miércoles, por primera vez desde el estallido social del 18 de abril, una cifra oficial de fallecidos, y la estableció en 197, un dato que se ubica incluso por debajo de la oficialista Comisión de la Verdad, que ha reportado 266.

Las cifras oficiales también son menores a las de fuentes independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha reportado 317, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), con 305, y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), con 448.

El Gobierno, además estableció en 5 la cantidad de estudiantes universitarios muertos en las protestas, lo que también fue rechazado por la Alianza, que señaló el "asesinato" de 137 alumnos.

De la misma manera la Alianza Cívica condenó que el Gobierno mantenga el discurso de que Nicaragua está "normal", luego de autoproclamarse "victorioso" a lo que ha llamado "intento de golpe de Estado".

"Lo que vemos es un país que, por más normalidad que se quiera vender, está en una situación de anormalidad", resaltó el representante de los empresarios.

Para la Alianza, Nicaragua solamente podrá aspirar a volver a "estar normal" hasta que el Gobierno tenga la "voluntad política" de regresar al diálogo nacional que busca una salida pacífica a la crisis, con la mediación del Episcopado.

El diálogo persigue "el cese de la represión, la libertad de los presos políticos y la democratización, que pasa por el adelanto de elecciones (programadas para 2021)", recordó Aguerri.

La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.