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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) llamó este miércoles al Gobierno a retomar el diálogo nacional, cesar el clima de confrontación, liberar a los presos políticos y desarmar a los grupos irregulares.

En conferencia de prensa, los miembros de la coalición del sector privado, estudiantes, campesinos y sociedad civil exigieron un desarme de parapoliciales con la participación y supervisión de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

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José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza, dijo que la propuesta será presentada por escrito al presidente Daniel Ortega con el respaldo de firmas ciudadanas que comenzaron a recolectar desde este miércoles.

Aguerri explicó que la carta plantea reinstalar la mesa de diálogo manteniendo a los obispos de la Conferencia Episcopal como mediadores y testigos.

Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüenses para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y miembro de la Alianza, expresó que la reanudación del diálogo será efectiva con la participación de los actores que lo iniciaron el pasado 16 de mayo.

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“Un diálogo paralelo, alterno, sin la presencia de los obispos, sin la presencia de la Alianza, no va a tener resultados positivos. La población de Nicaragua ha visto en este diálogo con sus actores actuales, la representatividad de sus demandas y la legitimidad de este esfuerzo y la credibilidad en los obispos. Cualquier iniciativa que vaya encaminada a no incluirlos, va a toparse con el rechazo nacional”, remarcó Chamorro.

“La Alianza ha sido clara, nosotros no nos estamos sentando en ningún otro esquema de diálogo paralelo, el diálogo que existe es uno donde está presente la mediación de la Conferencia Episcopal y de los obispos como testigos”, agregó Aguerri.

Desarme

La Alianza Cívica demanda que “se termine la represión selectiva dirigida”. Sobre la disolución de los grupos armados, propone al Gobierno que este proceso se realice bajo supervisión de los representantes de OEA y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se encuentran en el país.

Además, “la Alianza demanda el cese del clima de confrontación y restablecimiento de la seguridad ciudadana en todos los ámbitos, para contribuir al fortalecimiento de un ambiente de trabajo”, plantea en la carta.

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La liberación de los “prisioneros políticos” y la información sobre las personas reportadas como desaparecidas, son otros puntos que incluye el mensaje que será enviado a Ortega.

Otras peticiones están en frenar la criminalización de las protestas, las tomas de tierras, la intimidación a los miembros dialogantes, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.

“La carta en sí no la hemos enviado. Vamos a hacerla pública para recoger firmas. Invitamos a los nicaragüenses a que se sumen a respaldarlas con sus firmas”, indicó Aguerri.

Economía, golpeada

Juan Sebastián Chamorro señaló que destrabar el diálogo es urgente para la economía, que ha sufrido efectos negativos “irreversibles”.

“La recuperación de los sectores económicos se dará si se resuelve el tema original que provoca el problema, como es el problema político. Si encontramos una respuesta política a la crisis, podría llevarnos a una normalización de los sectores económicos, pero en este momento estamos lejos de una normalización, estamos en un proceso de deterioro económico”, explicó Chamorro.

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La “situación económica es compleja, hay temas de imagen de país, de sectores que están colapsando, el caso de la inversión; por ejemplo, los bancos internacionales el día de ayer (martes) comunicaron sobre las dificultades para poder desembolsar los recursos, indican que hay una situación anormal”, comentó Chamorro refiriéndose a atrasos en la preparación y ejecución de proyectos y desembolsos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“No estamos hablando de préstamos nuevos, estamos hablando de desembolsos para proyectos ya vigentes, hay que poner atención, cuando los bancos internacionales emiten una comunicación de ese tipo son situaciones anormales”, alertó.

Aguerri advirtió que el Presupuesto General de la República podría verse afectado, tomando en cuenta que una parte de los fondos provienen de instituciones como el BID y  Banco Mundial.

“Se estima que el 25% del presupuesto viene de donaciones y de préstamos a nivel internacional, y, por supuesto, que tendría un impacto en el presupuesto si eso se congela en su totalidad”, señaló Aguerri.

Defienden a manifestantes procesados

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia respaldó este miércoles la conformación del Comité Pro-Liberación de Presos Políticos, y demandó del Gobierno las cifras de personas detenidas por participar en protestas antigubernamentales.

Mariela Cerrato, asesora del equipo técnico del comité, dijo que su prioridad es brindar asistencia a las personas acusadas por diversos delitos, como terrorismo, solo por participar en las protestas.

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“Son 137 los casos que, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, se judicializaron, pero hay gente en El Chipote que tiene más de un mes de estar allí, y en las delegaciones policiales (la cantidad) es mayor”, afirmó Cerrato.

La asesora indicó que abrirán capítulos del comité en Masaya, Carazo, León, Matagalpa, Managua y Granada para “tener más información de quienes están en las delegaciones, en donde los detenidos pasan arbitrariamente más de 15 días”.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó a una marcha nacional para el día 15 de agosto, fecha en que está programada la audiencia inicial del juicio contra los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.

La manifestación es para exigir la libertad de los presos políticos.