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Once relatores especiales de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtieron este jueves, en un comunicado difundido en Ginebra, que el aumento de la represión contra manifestantes o críticos al Gobierno de Nicaragua “está creando una atmósfera de temor e incertidumbre” y mostraron su preocupación por “el nivel de impunidad en torno a las violaciones en esta materia”.

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"Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y representantes de la sociedad civil en el país", afirmaron los expertos de la ONU.

Los relatores exhortaron al Gobierno nicaragüense a detener esta situación, después de 115 días de protestas en los que, al menos, 317 personas han muerto y 1,830 han resultado heridas, según organismos de derechos humanos.

Los paramilitares

Las preocupaciones de los relatores especiales de la ONU se acentúan por “el nivel de impunidad en torno a las violaciones de los derechos humanos”, entre las que se cuentan “actos de violencia de género contra mujeres defensoras perpetrados por agentes del orden público y elementos paramilitares”.

Los relatores advirtieron que "la impunidad, la violencia y la represión nunca han sido caldo de cultivo para la paz y la estabilidad, y podrían sumergir al país en un malestar social y político más profundo”.

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Los funcionarios pidieron al Gobierno de Nicaragua “desmovilizar inmediatamente a los grupos paramilitares e investigar las ejecuciones extrajudiciales, homicidios y denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes”.

También pidieron al Gobierno que entable conversaciones significativas e inclusivas con todas las partes involucradas, en el contexto del diálogo nacional, y que respete y garantice plenamente el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Persecusión

Advirtieron que las voces críticas al Gobierno, incluidos líderes campesinos, profesionales de la salud, estudiantes, periodistas independientes, representantes de la Iglesia Católica y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, “siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos”.

Afirmaron que los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas, se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, “desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso a la atención médica”.

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"Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, como terroristas y golpistas, y aparentes intentos de socavar a la oposición", denunciaron los relatores.

También dijeron estar “profundamente preocupados” porque la recién aprobada Ley Contra el Terrorismo, “permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”.

En ese sentido, los expertos recordaron que “nadie debe ser detenido por el ejercicio de sus derechos humanos”.

Los relatores también mencionaron que "estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infun-dados y desproporcionados.

Judicialización 

Sobre lo denunciado por la ONU, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce, comentó que el Estado desarrolla la estrategia de judicializar a todo lo que no esté ajustado a sus intereses y objetivos.

“Se descalifica el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, a la profesión periodística para anular la información veraz y oportuna, así también criminalizar el derecho a proteger los derechos. El objetivo es intimidar”, consideró Darce y mencionó que el Ministerio Público tiene abierta una acusación contra cuatro promotores de la CPDH, quienes llevan al menos dos meses en detención.

El Gobierno pretende “crear un estado de temor para que la población no reclame por sus derechos, no apoye a las protestas, e impedir la labor de los promotores de derechos humanos, con la intencionalidad de que se sientan en total indefensión”, afirmó Darce.