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Altos funcionarios del gobierno, de la Policía Nacional y de la Fiscalía, sostuvieron una reunión privada este jueves con representantes de las microfinancieras, quienes solicitaron protección al denunciar actos violentos en varias sucursales del país en los últimos meses.

La reunión se realizó en horas de la mañana de ayer, y a puertas cerradas, en las oficinas del asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce, ubicadas en el sector conocido como “El Carmen”.

Antes de las 12 del medio día salió el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, quien intentó evadir las preguntas de los medios, pero al final explicó que en la sesión, las microfinancieras solicitaron apoyo porque han sido “blanco de ataques” por parte de deudores ubicados en el norte y en el centro del país.

Prometen protección

Centeno Gómez se comprometió a “darles protección desde el punto de vista jurídico… (de acuerdo) a las facultades que la ley nos otorga a nosotros institucionalmente”, y reveló que a la reunión también asistió el subdirector de la Policía Nacional, comisionado Carlos Palacios; Víctor Urcuyo, Superintendente de Bancos de Nicaragua, y representantes de la Corte Suprema de Justicia, además de Arce.

Julio Flores, Presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), explicó que además de esa organización, que tiene 250 agencias a nivel nacional, asistieron representantes del Banco del Éxito (Banex), de Procredit y de Financiera Fama.

31 denuncias de actos de violencia

“Nos reunimos para explicarles y entregarles documentación sobre denuncias que hemos interpuestos ante la Policía por agresiones al personal de las instituciones de microfinanzas. Estas agresiones continúan en la zona de Río Blanco y Camoapa… (y) en este momento documentamos 31 denuncias en los últimos seis meses”, declaró Flores.

Recordó que el 29 de abril pasado, un gerente de la microfinanciera Fondo de Desarrollo Local (FDL), en Camoapa, Boaco, fue emboscado y golpeado por 30 personas, cuyo caso también fue entregado ayer al comisionado Palacios, junto a los reportes de los restantes 30 casos. Sin embargo, afirmó sentirse confiado, debido a que las autoridades presentes en la reunión así lo prometieron. “El comisionado Carlos Palacios se comprometió a garantizar el orden y la seguridad, no sólo del personal de las instituciones, sino de la seguridad de todas las personas en esa zona”, enfatizó Flores.

Responsabilizan a Movimiento del Norte

Asimismo, responsabilizó al Movimiento de Productores del Norte, conocido por las financieras como “Movimiento del No Pago”, de realizar actos de violencia en contra de las instalaciones y de su personal, pero, además, señaló que los dirigentes de esa agrupación promueven no cancelar las deudas a sus miembros, a pesar de que tenían un plazo para reestructurarlas hasta el 31 de marzo reciente.

Agregó que, ante ese llamado, cerca de mil personas de ese movimiento se acercaron a reestructurar sus deudas, pero a la fecha sólo el cinco por ciento de esa cantidad ha honrado sus compromisos de pago. “Los que se acercaron a la reestructuración fueron entre 700 y mil personas de Jalapa, Ocotal, San Juan de Río Coco y Telpaneca, y de esas personas sólo el cinco por ciento está pagando”, precisó el ejecutivo de Asomif.

González Vílchez niega violencia

Por su parte, Omar González Vílchez, coordinador general del Movimiento de Productores, Comerciantes y Asalariados del Norte, ahora autollamados por ellos mismos como “Movimiento Sí Pago, pero Pago Justo”, negó que los deudores afiliados a esa agrupación realicen actos violentos o delictivos, así como también negó que sus agremiados hayan aceptado algún tipo de reestructuración de la deuda con las financieras.

“Eso no es cierto, lo que ha pasado es que han llegado promotores (de las financieras) de algunos municipios de diferentes lugares a querer quitarles las cosas de manera ilegal, y entonces la gente se ha resistido a entregarlas. En ningún momento ha habido golpeados, heridos, nada de eso, y prueba de ello es que nosotros en los últimos días hicimos un plantón en la Asamblea Nacional para que el gobierno intervenga en esta situación”, dijo González Vílchez.