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Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas han solicitado su desarticulación,  los grupos armados parapoliciales, continúan operando al margen de la ley, bajo el beneplácito y protección de las autoridades policiales, aseguran representantes de organismos de derechos humanos nicaragüenses.

Para Denis Darce, en representación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la presencia de estos grupos no sólo son intimidatorios ante la población, también reflejan el alto grado de inseguridad ciudadana, ya que actúan sin ninguna limitante.

“Hemos observado la presencia de grupos armados como una una constante en muchos lugares del país, verificamos su ubicación en Matagalpa, Jinotega, Carazo, Masaya, e incluso en Managua y son evidente en la rotonda de Ticuantepe”, indicó Darce, quien interpreta su creación como parte de un acto intimidatorio y represivo del gobierno. 

Los grupos armados con las caras cubiertas, comenzaron a operar por las noches, al inicio de las protestas de abril. Su objetivo era disparar indiscriminadamente, atribuyéndoles el asesinado de al menos media docena de personas, saqueos y secuestros, sin embargo el 14 de junio salieron a la calle con el apoyo abierto de la Policía Nacional.

Darce comenta que después de la operación de limpieza de tranques ahora desarrollan acciones coordinadas con la Policía Nacional para la persecución, búsqueda y captura de personas consideradas opositores al gobierno.

“Una de las características principales de estos grupos es su clandestinidad e ilegalidad de su funcionamiento. No se sabe quiénes son, quién los dirige, el tipo de mando y lo único que si está verificado es que el presidente de la República recientemente dijo que eran policías voluntarios”, comentó el representante de CPDH, asegurando que a pesar de ello, de acuerdo a las leyes su actuar es ilegal.

Ningún grupo armados debe actuar en cladestinidad

La Ley 872 de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional en su Artículo 23 especifica que se crea la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía Nacional, integrada por ciudadanos nicaragüenses que prestan su servicio de forma voluntaria y temporal. Está adscrita y subordinada a las delegaciones de Policía respectivas y corresponde a la Especialidad de Seguridad Pública.

Sobre las tareas de esta figura, el artículo 25 de la misma ley señala que: “para el cumplimiento de sus tareas estarán debidamente identificados con uniformes y distintivos propios, su actividad deberá ser siempre coordinada y supervisada por un miembro de la Policía Nacional y en su actuar están sujetos a los principios fundamentales de actuación de la institución”.

Son competentes únicamente tareas de: “apoyo en labores de prevención tales como auxiliar a la Policía en la vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y en casos de desastres naturales;  auxiliar a las autoridades al tener conocimiento de la comisión de hechos delictivos, preservando el lugar, prestando la ayuda necesaria a las víctimas y dar parte oportuna a las autoridades que corresponda”, dice la ley.

“En ningún momento se habla que los policía voluntarios trabajaran de forma clandestina, con armas de alto calibre, con la cara cubierta y vestido de civil”, dijo Darce.

Solo dos cuerpos armados

De acuerdo a la Constitución de la República, en su artículo 95 segundo párrafo: “No pueden más de dos cuerpos armados en el territorio nacional, ni rangos militares que los establecidos por ley”.

El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Braulio Abarca, identificó a dos sectores de acuerdo con su actuar. Por un lado están los que operan combinados con la Policía, y sin importar su actuar no se rigen por ninguna norma ni ley. Por otra parte están lo que hacen tareas independientes, en especial de vigilancia, que también actúan en total impunidad.

“Sin embargo cualquier detención que hagan estos grupos son totalmente ilegales y caen en el delito tipificado como secuestro”, alega Abarca considerando que las personas procesadas judicialmente bajo estos parámetros son viciados, ya que se violaron las normas al debido proceso.

El abogado del Cenidh, subrayó que el policía voluntario, entre sus normas no tiene autoridad para detener a una persona, ni tienen potestad para estar armados. Se conoce más esta figura en las zonas rurales y por eso trabajan siempre con un miembro profesional de la policía.  

Por otra parte, fuera de los voluntarios están los colaboradores, que en este caso la Policía se ha valido de ellos para obtener información e identificar en los barrios, esto a través de las organizaciones partidarias del gobierno, como los Consejos del Poder Ciudadano, los Gabinetes del Poder Ciudadano y los Concejos de Liderazgo Sandinista. 

“Gracias a esa red actualmente tenemos registrados a poco más 180 procesados por imputaciones delictivas por participar en las protestas, desde Irlanda Jerez, a los representantes del Movimiento 19 de Abril, Medardo Mairena y Pedro Mena Amador”, dijo licenciado Abarca.