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Fuerzas parapoliciales secuestraron a la estudiante de Medicina Sheyli Munguía Sobalvarro, quien se encontraba en una casa de seguridad acompañada por otros dos jóvenes universitarios, cuyas identidades aún se desconocen.

Familiares de Sovalbarro confirmaron ayer, vía telefónica, a El Nuevo Diario la captura de Munguía Sobalvarro, la cual comenzó a conocerse desde la noche del viernes a través de las redes sociales.

El pasado 13 de julio, Munguía Sovalbarro se resguardó en la iglesia Divina Misericordia, luego de resultar herida de bala por disparos de fuerzas progubernamentales que atacaron la UNAN-Managua.

El viernes pasado, la joven aún se encontraba  en una casa de seguridad ubicada en carretera vieja a León, recuperándose de las cirugías que le fueron practicadas para restablecer las  lesiones provocadas por dos proyectiles de balas que aún la mantienen con fracturas en el área afectada.

De acuerdo a la denuncia presentada por la madre de la estudiante de Medicina,  Rita Sobalvarro, a un medio de comunicación nacional, el secuestro se registró a eso de las 11:00 a.m. Aparentemente, los jóvenes fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.

Denuncia pendiente

Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó que todavía la madre de la estudiante de Medicina no ha presentado la formal denuncia, sin embargo, confirmó que ella se contactó por teléfono con activistas de la CPDH.

“Aún no se ha presentado una formal denuncia, manejamos el caso, pero de aquí al lunes tendremos más clara la situación. Hay que recordar que los familiares están en un proceso de estrés y de temor, por eso se limitan al dar información”, afirmó Carmona, vía telefónica a EL Nuevo Diario.

A finales de mayo, fuerzas de policías y parapolicías empezaron a ejecutar la llamada “operación limpieza”, que ahora tiene tras las rejas a ciudadanos en Managua y en otros departamentos del país.

Organismos de derechos humanos afirman que en los últimos tres meses se produjeron detenciones masivas y arbitrarias que han derivado en procesos de judicialización contra centenares de ciudadanos acusados de “terroristas y golpistas”. 

Según registros de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), la crisis en Nicaragua ha dejado más de 400 personas muertas, más de 2,000 heridos y al menos 718 personas desaparecidas.