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Las amenazas y los amedrentamientos contra Lottie Cunningham y José Coleman, defensores de derechos humanos del pueblo indígena miskito de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (Raccn), recrudecieron en los últimos meses, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante tal situación, la CIDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ampliar las medidas provisionales a favor de Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), y Coleman, quienes ya habían recibido medidas cautelares el año pasado.

“La comisión solicita a la Corte que amplíe las medidas provisionales otorgadas para los miembros de determinadas comunidades indígenas miskito de la región de la Costa Caribe Norte y ordene al Estado de Nicaragua ‘proteger y garantizar la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural’ en favor de los defensores de derechos humanos Lottie Cunningham y José Coleman”, indica una nota de prensa publicada por la CIDH, el pasado 10 de agosto.

En la comunicación se asegura que los graves hechos de violencia que han tenido lugar en la región de la Costa Caribe Norte han incluido presuntos secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de viviendas, robos, emboscadas y ataques a pobladores, los cuales no han sido aclarados por parte del Estado.   

Según la CIDH, la situación actual de los defensores representa un “extremo riesgo de daño irreparable” a su vida e integridad, tomando en cuenta “la vinculación de dichas amenazas a agentes estatales”, el contexto propio de violencia en la región, el contexto actual social general en Nicaragua y el tipo de amenazas contra la vida e integridad de los solicitantes directamente relacionadas con su labor de defensa de los derechos territoriales del pueblo indígena que defienden.

Antecedentes

En 2017, la CIDH consideró que Cunningham debía ser sujeta de protección debido a las labores de defensa de los derechos del pueblo miskito, que realiza la Cejudhcan, lo que “habría generado graves tensiones con los colonos, desatando amenazas a su vida y hostigamientos, por medio de llamadas anónimas, intimidación, campañas de difamación y descalificación”.

Aunque el Estado informó del inicio de las investigaciones sobre estas amenazas, la Policía Nacional, de acuerdo con la CIDH, “no aportó información concreta sobre medidas de protección a favor de los dos propuestos beneficiarios”. Por lo que la CIDH consideró que “las acciones estatales continúan sin ser suficientes para enfrentar los factores de riesgo y garantizar la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios”.