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El director ejecutivo de la organización Movimiento por Nicaragua, José Antonio Peraza, calificó el robo de información, en sus oficinas en Managua, como una acción intimidatoria por respaldar las expresiones de protesta antigubernamentales.

Peraza aclaró que no suspenderán sus actividades porque esta organización no realiza nada que “viole la ley”.

El director ejecutivo del Movimiento por Nicaragua sostuvo que “el robo era algo planificado, quieren intimidarnos”.

Según dijo, los ladrones dejaron un mensaje escrito en las oficinas del Movimiento: “Ojo, mi comandante se queda”, junto a las siglas del partido de gobierno FSLN, denunció. 

Peraza explicó que los maleantes ingresaron por la parte trasera del inmueble, rompieron el candado, pero “no se robaron nada, básicamente documentos, venían buscando información”, apuntó.

“Nosotros hacemos seminarios, talleres, estudios, movilización de personas, respaldamos determinadas causas; sabemos que debemos tener más cuidado, pero no estamos haciendo nada que viole la ley. No pensamos cerrar el movimiento porque no le hemos hecho daño a nadie, vamos a seguir”, dijo Peraza.

El robo ocurrió el viernes pasado y los miembros del Movimiento presentarán la denuncia ante la delegación del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra en Nicaragua, dijo Peraza.

“Se robaron información, los discos duros de las computadoras y nuestros archivos. Es información importante, de nuestras rendiciones de cuentas, de los gastos que tenemos, las donaciones que recibimos, todo eso se reporta al Ministerio de Gobernación, ahí no hay nada secreto. Sabrán ellos como van a usar eso”, añadió.

Policía no recibió denuncia

Peraza indicó que fue a la Policía a intentar poner la denuncia, pero le pidieron que mostrara un “poder” como representante legal del movimiento y no lo pudo hacer porque ese documente forma parte de lo que se robaron.

“El sábado por la tarde fuimos a la Policía. Es lógico que ahora no  tenga el poder porque fue parte de lo robado, entonces, nos dijeron  que sin ese poder legal no se podía hacer la denuncia”, enfatizó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que Nicaragua vive una “tercera fase” de la represión gubernamental, “más ruda, más explícita y burocrática”, que es la “criminalización de manifestantes”, luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que el presidente Daniel Ortega ha negado.