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La Ley de Modificicación al Presupuesto General de la República 2018 fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua con 72 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones.

Durante su intervención en el plenario, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo que desde el 18 de abril a la fecha un total de 8,708 empleadores resultaron afectados por la crisis en Nicaragua, de los cuales el 90% de ellos son de la micro pequeña y mediana empresa que tenían entre cinco a 10 trabajadores.

Acosta agregó que la crisis socio política en Nicaragua ha dejado pérdidas por US$525 millones entre abril y julio, así como también ha provocado la pérdida de 119,567 empleos, de los cuales 71,000 eran trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La diputada Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), explicó que su bancada parlamentaria votó en contra del proyecto, porque consideraron que lo correcto era remitir a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional la propuesta de reforma para hacer observaciones y aportaciones a la misma.

"No estamos de acuerdo que se reduzcan programas para sectores sensibles como salud y educación y no se reduzca el gasto corriente", manifestó la diputada Castillo en el plenario.

De los 119,567 empleos perdidos entre abril y julio de este año, 71,000 eran trabajadores afiliados al INSS. ARCHIVO/ END

Por su parte el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez argumentó que esta reforma de ley no mandó a reducir el gasto corriente con el fin de proteger el empleo de los trabajadores del sector público.

“No reducir el gasto corriente tiene un único objetivo: la defensa del empleo e ingresos de los empleados del sector público, pues muchos no tienen la culpa y no tienen  por qué pagar los platos rotos de estos grupos que desarrollaron actividades delincuenciales”, afirmó Gutiérrez.

Tras la aprobación de este presupuesto por una mayoría de diputados sandinistas junto a diputados de otros partidos afines al gobierno, un total de 192 proyectos de inversión estatal serán recortados, lo que equivale al 18.5% del Plan de Inversión Pública (PIP), del 2018.

El recorte de estos proyectos representa solo del PIP una reducción de C$4,018.3 millones, indican los anexos que acompañan la propuesta de reforma, por lo que el PIP vigente para este año quedaría en C$17,671.42 millones.

Los fondos recortados para educación ascienden a C$625.03 millones, con los que se financiarían 62 proyectos, en su mayoría construcciones  y rehabilitaciones de centros educativos en diferentes zonas del país.

El recorte del PIP provocará que el Ministerio de Salud (Minsa) no ejecute 30 proyectos, una reducción que en términos monetarios significan C$843.9 millones y es la de mayor cuantía.

La mayoría de proyectos que realizaría la institución con los fondos del PIP son construcción, rehabilitación y equipamiento de centros de salud y hospitales.

El segundo rubro con mayor recorte son las transferencias municipales. Parte del PIP se destinaba a las Alcaldías para que emprendieran proyectos de inversión en sus municipios. El recorte en este sentido totaliza C$749.04 millones.

Los proyectos de nuevas carreteras serán afectados en una reducción de C$393.5 millones. ARCHIVO/ END

Los tres departamentos con mayor número de proyectos recortados son Managua, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y Matagalpa con 31, 25 y 19 proyectos, respectivamente. Al menos 19 proyectos que se implementarían a nivel nacional y cuatro regionales serán recortados.

Según el tipo de fuente de financiamiento, las rentas con destinos específicos serían las mayores afectadas con una baja de 87.2%, porque de los C$26.38 millones proyectados se recortarían C$23 millones.

De los préstamos utilizados para financiar al PIP de 2018, por C$8,228.48 millones, recortarían C$2,297.5 millones dejando disponible C$5,931.0; es decir 27.9% menos.

En cuanto a las donaciones, se proyectaba utilizar C$1,127.54 millones; sin embargo, estas podrían recortarse en 10.7% (C$120.2 millones menos), lo que deja un remanente de C$1,007.3 millones.

Afectaciones a sector 
energético y carreteras

Unos 12 proyectos de energía que suman C$326 millones, emprendidos por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), también se detendrían. Uno es la electrificación rural, los otros constituyen preinversión e inversión en energías renovables. Destacan la instalación de sistemas fotovoltaicos en el Caribe y la construcción de la central geotérmica en el volcán Cosigüina.

El Ministerio de Transporte e Infraestructura experimentó un recorte de C$393.5 millones que afectarán la construcción de tres carreteras en el norte del país. La vía de Murra a Jícaro (en Nueva Segovia); la ruta de Muy Muy- Matiguás y Río Blanco (en Matagalpa) y la carretera de Jícaro –Quilalí (Nueva Segovia).