•  |
  •  |
  • END

Mientras el presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, aseguraba ante la televisión oficialista y en una carta enviada al presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, que tiene constancias de que sí rindió su declaración al asumir su cargo en 2005, el titular del ente fiscalizador ripostó diciendo que “no es en la televisión que se prueban las cosas, es aquí”.

Rivas envió una carta de un párrafo a Argüello Poessy, en la que afirma que ya entregó su declaración de probidad y que tiene constancia de recibida, pero no la adjuntó al documento enviado.

“Las declaraciones que aparecen en los medios de comunicación escritos realmente me sorprenden, como también me sorprendió la carta que recibí en mayo de 2008, en la que señalan que yo no había presentado declaración de mi patrimonio cuando me reeligieron como magistrado del Poder Electoral, porque tengo las constancias pertinentes en mi poder”, manifestó Rivas Reyes.

Por su parte, Argüello Poessy insistió en que no encuentran “por ningún lado” esa credencial que demuestra, efectivamente, la entrega, y que por tanto, Rivas está obligado a enviarla.

La presenta de largo

Rivas aseguró que él ya hizo su declaración de probidad desde julio de 2005, y explicó que lo que podía estar pasando es que los contralores aún no encuentran el documento en sus archivos.

El titular del CSE presentó los documentos de su declaración de probidad señalando que “allí”, en ese papel apenas notable, “allí” tenía la firma de recibido de la CGR. Pero aclaró “ésta es información personal que no tengo la obligación de publicar ante los medios de comunicación que tratan de desprestigiarme”.

“Únicamente te puedo decir que, en efecto, yo presenté en julio de 2005 tanto mi declaración de probidad del cese de mis funciones de mi período anterior e inicio de mis funciones de 2005 a 2010”, dijo Rivas.

“Aquí está la declaración de probidad en detalle y con todos sus anexos”, reiteró Rivas, mientras pasaba una a una las páginas del libro que asegura es la declaración de probidad que el propio contralor Argüello dice que no ha presentado el funcionario.

Su fortuna “es privada”

“No tengo nada que esconder, pero tampoco tengo que estar publicando un asunto que es estrictamente de carácter privado”, expresó Rivas. Agregó que detrás de todo esto hay “personas de los medios” que se tienen una campaña para afectarlo en lo personal.

“Hay medios o personas en los medios que se vuelven obsesivas en contra de algunos funcionarios públicos”, manifestó Rivas.

También denunció que los medios ponen en riesgo la seguridad de su familia y además pagan grandes sumas de dinero para investigarlo a él y a su familia. Ayer llamamos nuevamente al vocero del CSE, Félix Navarrete, para obtener una copia de la constancia que presentó Rivas, pero una vez más su celular no fue respondido ni los mensajes que le dejamos.

Argüello lo reta

Pero Argüello Poessy lo retó a que remita los documentos para aclarar el asunto de una vez por todas.

“El director de Probidad me confirmó que no existe ningún documento que demuestre lo dicho por el magistrado Rivas Reyes, y por eso es que insistimos en que si tiene la documentación nos la envíe”, expresó Poessy. “Dicen que el magistrado Rivas ha mostrado a un canal (de televisión) el documento, pero no es en la televisión que debe demostrar eso, sino a esta institución”, dijo.

El colegiado dijo que es “bastante improbable” que en la Contraloría se haya extraviado la documentación, porque cuando un servidor público rinde su declaración se elabora un expediente al cual se le agregan los documentos que el funcionario presenta cada vez que su patrimonio varía de manera notable.

“La Dirección de Probidad guarda un orden, y si esa constancia existiera realmente, nosotros deberíamos tener una copia, pero no está, y si la tiene, pues la hubiera mandado desde hace un año que se le pidió”, señaló el titular del ente fiscalizador, quien pidió no politizar el caso.

La única declaración de probidad de Rivas que se encuentra en la CGR, data de 2000. Se desconoce si alguna vez el ente fiscalizador ha revisado si Rivas ha informado sobre algún cambio sustantivo en su patrimonio, en el de su esposa y en el de sus hijos, a como señala la ley.

Rivas ha sido señalado de enriquecimiento ilícito, de fraude aduanero en la introducción de un yate lujoso, de peculado y de malversación de caudales públicos. Asimismo, algunos medios le han atribuido como de su propiedad una avioneta privada en la cual viaja constantemente hacia Costa Rica, donde tiene, junto a su esposa, acciones de sociedades anónimas bajo las que posee, entre otras propiedades, una mansión valorada en cerca de un millón de dólares, en una zona exclusiva de San José. El titular del CSE fue denunciado ante la Fiscalía a mediados de febrero por Gustavo García Prado, del Grupo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).

El colegiado justificó el hecho que la CGR haya dejado pasar tanto tiempo sin que Rivas rindiera su declaración, indicando que el ente fiscalizador cuenta sólo con cuatro verificadores, los cuales tienen que revisar 23 mil expedientes.”Pero él es un alto funcionario y no puede alegar ignorancia de la ley”, dijo.

Asamblea lo juramentó sin verificar nada

A la vez, indicó que es responsabilidad de la Asamblea Nacional, que es la que juramenta en el cargo a los magistrados, contralores y demás funcionarios electos con mayoría calificada, velar porque los mencionados funcionarios hayan cumplido con lo que establece la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.

“A los que somos electos por la Asamblea, incluso, se nos da posesión antes de presentar nuestra declaración de probidad, es decir, no se nos exige el cumplimiento de la ley”, admitió el colegiado.


Dra. Asunción Moreno explica caso desde lo legal
“Enorme cadena de incumplimientos”

La doctora María Asunción Moreno, catedrática de la Universidad Centroamericana, UCA, indicó que si un servidor público no presenta su declaración de probidad y aun así asume su cargo público, entonces se incurre en una cadena de incumplimientos no sólo de parte del funcionario, sino también de la Asamblea Nacional y de la Contraloría, órganos encargados de verificar, en tiempo y forma, si el funcionario cumplió con la norma.

En el caso de los funcionarios supremos del Poder Electoral, la doctora Moreno explicó que de acuerdo con el artículo 138, numeral 8, de la Constitución Política de la República de Nicaragua, es atribución de la Asamblea Nacional “elegir a los magistrados, propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, CSE…”.

La Ley de Probidad de los Servidores Públicos, en el artículo 24, indica que “la declaración de probidad se debe entregar en dos ejemplares a la CGR, uno de los cuales se devolverá al declarante con razón de recibido”.

Luego dice, en el siguiente párrafo, que “para el caso de los servidores públicos electos por la Asamblea Nacional, será requisito indispensable para tomar posesión del cargo para el cual se le eligió, la presentación ante la Primera Secretaría de ese Poder del Estado, de la copia de su declaración patrimonial con razón de recibido en original de la Contraloría”.

El artículo deja claro que “los servidores públicos nombrados o contratados que deban presentar declaración patrimonial ante la Contraloría, empezarán a ejercer sus funciones sólo después de haber cumplido tal requisito”.

La doctora Moreno analiza que este artículo conlleva a que esta norma es realmente un deber jurídico del electo y del que elige, “es decir, que el servidor público tiene la obligación de brindar su declaración patrimonial y le corresponde a la Asamblea la obligación de verificar que ha hecho la declaración”, explicó.

La catedrática de la UCA manifiesta que la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional tendría que presentar la copia de la declaración patrimonial o en todo caso tiene que haber alguien que diga “a mí me la presentó”.

Las consecuencias de no rendir la probidad están indicadas en el artículo 12 de la Ley 438: “Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, se consideran faltas inherentes a la probidad del servidor público: (inciso a) No presentar la declaración patrimonial en tiempo y forma”.

No podría haber tomado posesión

Esta falta administrativa genera responsabilidad administrativa. Es decir, hay una falta y debe determinarse responsabilidad. Para ello, el artículo 15 de la Ley 438 indica que “las faltas establecidas en el artículo 12 serán sancionados de las siguiente manera: Para el literal ‘a’, si no se cumple con la obligación de presentar la declaración de probidad en tiempo y forma, antes de asumir el cargo, no podrá tomar posesión del mismo”.