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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia publicó este martes una carta que sería enviada al presidente Daniel Ortega donde le piden retomar el diálogo nacional para poner fin a la violencia y superar la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.

El documento ha sido respaldado por más de 6,500 nicaragüenses bajo el título “Crisis en Nicaragua: La urgente salida que necesitamos” en la plataforma change.org que está en línea.

En la petición, la Alianza Cívica le solicita a Daniel Ortega retomar el diálogo mediado por los obispos de la Conferencia Episcopal “para dar respuestas a las aspiraciones de los nicaragüenses: respeto a la vida y los derechos ciudadanos; elecciones libres, justas y transparentes; justicia por igual para todos y sólidas instituciones democráticas”.

Estas acciones, según la Alianza Cívica, son necesarias “para detener un mayor derramamiento de sangre e impedir que la República colapse”.

En concordancia con la declaración del Consejo Permanente de Organización de Estados Americanos (OEA), los más de seis mil nicaragüenses que han firmado la petición y los miembros de la Alianza Cívica —que reúne a estudiantes, sector privado, campesinado y sociedad civil— también le plantean a Ortega que acuerde en el diálogo nacional el adelanto de las elecciones generales.

Fin de la violencia

Otras peticiones elevadas al presidente Daniel Ortega son cesar la represión en sus diversas formas, así como la criminalización de las protestas, tomas de tierras, intimidación a los miembros dialogantes y defensores de los derechos humanos.

Además, plantean la necesidad de desarmar y disolver todos los grupos parapoliciales y otros civiles armados, bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas; y la  liberación de todos los “presos políticos” e información detallada sobre la lista de personas que actualmente figuran como desaparecidas.

“Nosotros junto a la gran mayoría de nicaragüenses, estamos altamente conmovidos por los cientos de vidas segadas por la violencia y por los miles de heridos, detenidos o desaparecidos, víctimas de este conflicto. Nos preocupa que continúe indefinidamente el ambiente de violencia que provoque mayores pérdidas de vidas humanas”, explica la Alianza Cívica.

En general, demandan acabar con todo clima de confrontación y restablecer la seguridad ciudadana, con el compromiso de todos de contribuir al establecimiento de un ambiente de trabajo, paz, tranquilidad social y apego al respeto de las leyes.

La crisis también ha acelerado el retroceso de la economía en todos los índices de actividad, “arrojando al desempleo a cientos de miles de trabajadores, mientras otros tantos han migrado por la misma inseguridad”, agregan.

Segunda marcha por liberación de presos políticos

Hoy se realizará en Managua la marcha nacional “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la que pretenden presionar al Gobierno del presidente Daniel Ortega para que libere a los que consideran son “presos políticos”.

Esta será la segunda jornada de manifestaciones por la liberación de las personas detenidas o que enfrentan procesos judiciales. La primera tuvo lugar el pasado sábado, cuando miles de personas se manifestaron a nivel nacional.

La marcha de este miércoles en Managua es respaldada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham). Iniciará a las 10:00 a.m. en la rotonda Cristo Rey y finalizará en la rotonda La Virgen.

La marcha coincide con la audiencia inicial en contra del líder campesino y miembro de la Alianza Cívica, Medardo Mairena, a quien el Gobierno le adjudica delitos como crimen organizado, asesinato y terrorismo.

Según datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en Nicaragua, al menos, 130 personas que están siendo judicializadas, acusadas de delitos como terrorismo, crimen organizado, secuestros, extorsión y hasta asesinatos por participar en las protestas antigubernamentales.

Los informes de la oficina de derechos humanos de la ONU han dado cuenta que en Nicaragua las críticas al Gobierno, incluidos líderes campesinos, profesionales de la salud, estudiantes, periodistas independientes, representantes de la Iglesia Católica y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, “siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos”.