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Luis Vásquez, papá del joven Hansell Vásquez Ruiz, a quien la Fiscalía de la República señala como uno de los responsables en la quema de la radioemisora progubernamental Radio Ya, tildó de “irrazonable” y “desproporcionada” la acusación formulada contra su hijo.

La semana pasada, durante la audiencia inicial del proceso abierto en su contra, la Fiscalía brindó un listado de 19 trabajadores de la radio que estaban presentes al momento del siniestro ocurrido el 28 de mayo pasado.

“Veo irrazonable y desproporcionada esta acusación. Todos los trabajadores de la radio estaban en el lugar y mientras ocurría el incendio estaban ocultándose en el suelo y aunque el humo era denso, pudieron ver que (él) estaba en diversos puntos a la vez, eso es ilógico”, comentó Vásquez.

Hansell Vásquez Ruiz es considerado uno de los más de 130 presos políticos, por manifestarse en contra del Gobierno. 

El joven de 25 años fue detenido por la Policía Nacional y civiles armados el 11 de julio pasado, junto a Kevin Rodrigo Espinoza y Marlon Fonseca Román, todos integrantes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril.

Solicitan pruebas

Luis Vásquez se presentó ayer al Ministerio Público en compañía de Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que lleva la defensa de los jóvenes.

El padre del acusado se declaró escéptico, porque considera que en el caso de su hijo no prevalecerá un proceso judicial apegado a la ley.

“No creo que haya justicia, ellos ya tienen rayado el cuadro, como dicen por ahí”, consideró Vásquez.

Queman fachada de Tu Nueva Radio Ya

Montenegro explicó que han tramitado ante el Ministerio Público las pruebas presentadas por el fiscal durante la audiencia inicial, porque tienen información de que aparte de los 19 testimonios de los trabajadores de la radio, existen 20 videos en los que supuestamente aparecen Vásquez Ruiz y los otros acusados durante el incendio.

El jurista explicó que la CPDH está recurriendo a todas las instancias legales del país, denunciando las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que se han cometido en casos como el de Vásquez y otros “reos políticos” que son acusados por el Gobierno de crimen organizado, terrorismo y portación ilegal de armas.