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La situación procesal de cuatro diriambinos acusados por nueve delitos empeoró este martes, después que el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir Ramos, a petición de la Fiscalía decretó la tramitación compleja del proceso.

Lo anterior significa que los acusados Orlando y Henry Valverde Ortiz (quienes son hermanos),  Richard Sebastián López y su pareja, Eddy Gertrudis González Padilla, pueden pasar hasta un año en prisión preventiva a la espera de que en juicio se resuelva si son o no culpables de los ilícitos que les imputan.

La tramitación compleja fue solicitada por la Fiscalía en la audiencia inicial,  alegando que la Policía todavía realiza actos de investigación relacionada con otras personas que habrían participado en los tranques antigubernamentales que la población levantó en Diriamba, municipio de Carazo.

CPDH se opone 

A la petición del ente acusador se opuso la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Leyla Prado, quien ejerce la defensa de los cuatro acusados, en donde alega que en este  caso no hay más personas acusadas y que, por lo tanto, no hay nada más que investigar.

A los cuatro diriambinos, la Fiscalía les atribuye cargos por terrorismo, daño agravado, robo agravado, portación ilegal de armas, entorpecimiento del servicio público (transporte), tentativa de homicidio y facilitación para evasión y quebrantamiento de condena.

Los acusados participaron en los tranques  de Diriamba entre el 12 de junio y 9 de julio del año en curso y fueron desmontados por fuerza combinadas de policías y parapolicias, que dejaron, al menos, 10 muertos en esa ciudad.

Les achacan quema

En el caso de Richard López y su pareja, Eddy Gertrudis González, el Ministerio Público también les atribuye el ilícito de robo y financiamiento al terrorismo, porque les fueron encontrados en su poder C$52,692 y US$36,706.

Con el dinero que quedó congelado en cuestas del Estado de Nicaragua a petición del Ministerio Publico, Richard López y Eddy Gertrudis González financiaban a quienes estaban en los tranques, según la Fiscalía.

En el extenso escrito acusatorio, la Fiscalía les atribuye a los hermanos Valverde Ortiz y  a la pareja López González, la quema de la delegación policial de Diriamba, Carazo, que ocurrió entre la medianoche del 12 de junio y la madrugada del día siguiente.

Por la destrucción de la sede policial, la afectación económica asciende a 9 millones 545 mil 80 córdobas, de los cuales más de siete millones corresponden a la infraestructura del local y dos millones al mobiliario, refiere la acusación fiscal.

La quema del comando policial habría permitido que un número no determinado de reos pudieran huir y, con ello, quebrantar las medidas cautelares que pedían sobre ellos y obviamente evadir la justicia, según el Ministerio Público.