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Los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), que visitaron Nicaragua esta semana, informarán a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la política del Gobierno contra la prensa independiente en este país.

El reporte será presentado directamente al grupo de trabajo recién conformado por 12 países que dan continuidad a la crisis nicaragüense, confirmó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, quien encabezaba la misión finalizada este miércoles.

La SIP llegó a la conclusión de que “las libertades de prensa y expresión están en retroceso en el país”, como resultado de una “campaña de agresión sistemática, sostenida y permanente de parte del Gobierno”.

“Nos comprometemos a enviar este documento, donde están todas nuestras conclusiones, a los países integrantes del grupo de trabajo para el seguimiento de la situación de Nicaragua en la OEA. Si es posible, ir a Washington para hacerles una presentación formal sobre las denuncias que hemos recibido en este país”, señaló Mohme, quien dijo estar alarmado por las denuncias que recibieron de decenas de periodistas.

Además, prometió que buscarán otras formas de divulgar las conclusiones a las que llegó la misión luego de sostener reuniones con representantes de medios de comunicación y periodistas independientes de varios departamentos del país, agrupaciones estudiantiles, campesinas y empresariales, miembros de la Iglesia Católica y diplomáticos en Nicaragua.

“Vamos a tratar de comunicar esto a través de los medios, lo que nosotros hemos encontrado, quizás a través de una carta abierta; estamos viendo el carácter que vamos a darle (…). La SIP tiene 1,300 publicaciones afiliadas”, enfatizó Mohme.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas.

Retroceso

La SIP y RSF coincidieron en que “la libertad de prensa, de la que se nutre toda otra libertad social, se halla en este país bajo un claro acoso por parte de autoridades y agencias policiales”.

Los demás integrantes de la misión: el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock; el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti; y Emmanuel Colombié, director de América Latina para RSF, detallaron que las prácticas de agresión en contra de periodistas independientes incluyen amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación.

Rock manifestó que antes y durante su estancia en Nicaragua, la misión recibió “reiterados testimonios de periodistas que han tenido que separarse de sus empleos por amenazas e incluso han tenido que abandonar el país”.

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“Esto representa una regresión brutal en términos de la libertad de expresión en Nicaragua”, enfatizó.

Ante tal situación, los funcionarios de la SIP y RSF demandaron al Gobierno de Nicaragua el cese inmediato de toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el Gobierno y de “cibermilitantes” que difaman e insultan a periodistas independientes a través de redes sociales.

También exigieron la investigación profunda de todos los actos violentos contra periodistas y medios de comunicación y la aplicación severa de la ley a los responsables.

Ricardo Trotti, Emmanuel Colombié, Gustavo Mohme y Roberto Rock denunciaron ataques a periodistas.

Apagón informativo

Roberto Rock explicó que la política represiva contra los periodistas independientes en Nicaragua “no puede estar animada más que con el propósito de establecer un apagón informativo en el país”.

“Tener a la vista los canales de televisión con un corte tan oficialista, tan abrumador, tan monolítico nos da cuenta de una estrategia que lo que busca es un apagón informativo en el país, lo que busca es la unanimidad del silencio, pensamos que esto no es posible en una sociedad que busca regirse por principios democráticos”, expresó Rock.

Emmanuel Colombié, representante de RSF, también criticó esta política gubernamental: “Lamentamos la cultura de secreto permanente sobre información oficial, violatoria de la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la cual el presidente y sus funcionarios rehúyen el contacto con la prensa, y, además, la puesta en vigencia de una ley sobre financiamiento del terrorismo que podría ser utilizada para acallar a los medios críticos y a ciudadanos disidentes que no concuerden con el relato único oficial”.

Colombié pidió al Gobierno que cree “fiscalías especiales y un sistema de protección para periodistas”, como existen en otros países de América Latina.

Ataque a iglesia fue una “barbarie”

Como un acto de “barbarie”, así calificaron los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el ataque de grupos parapoliciales a la iglesia Divina Misericordia, en donde se refugiaban estudiantes, periodistas y sacerdotes, el pasado 13 de julio.

“Nos quedamos impresionados de cómo pueden existir en pleno siglo XXI este tipo de barbaridades y de atropellos. Es realmente un acto de barbarie, no podemos calificarlo de otra manera”, expresó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, mientras recorría la iglesia y constataba las huellas de las balas dentro y fuera del templo.

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Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, aseguró que la visita a la iglesia fue “mucho más impactante de lo que se imaginaban”, y que refleja “la barbarie”, que se protagonizó en el sitio, donde murieron dos personas.

La misión de la SIP y RSF conversó con el padre Erick Alvarado, vicario parroquial de la iglesia Divina Misericordia. “Ellos estaban impactados al ver las marcas de las paredes del templo, sobre todo, en la capilla de la Misericordia, donde está la imagen de Cristo con los agujeros de bala, el sagrario que recibió dos balazos”, dijo el párroco.