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Ante el gran número de nicaragüenses que se han visto forzados a desplazarse a otros países de la región, como consecuencia de sus opiniones políticas y de graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió a los Estados de la región a establecer canales legales, regulares y seguros de la migración.

“Los estados deben garantizar el ingreso al territorio, la no detención como regla y el acceso a procedimientos de asilo con las debidas garantías”, expresó a través de un comunicado la CIDH, al referirse a los nicaragüenses que huyen de la represión y la violencia en Nicaragua.

Los nicaragüenses huyen de la represión y la violencia de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales. EFE/ END

En consideración a la grave crisis de derechos humanos que afecta a Nicaragua, la CIDH saluda la decisión del Estado costarricense de dejar abiertas sus fronteras y de habilitar dos albergues con capacidad de 2,000 personas para atender a las personas que huyen hacia dicho país.

También debe respetarse la prohibición de devolución a favor de aquellas personas que, sin ser reconocidas como refugiadas, corran riesgo contra sus derechos humanos en casos de ser devueltas, por medio de la utilización de medidas de protección complementaria.

Al respecto, el Relator sobre los Derechos de los Migrantes, Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva,  manifestó: “el aumento en las solicitudes de asilo y de las personas que están buscando salir de Nicaragua requieren que los Estados de la región sean comprensivos ante la situación de las personas nicaragüenses y estén preparados para brindar una respuesta efectiva, compartida y basada en derechos humanos para evitar caer en una crisis de protección en la región”.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, indicó: “Estamos ante una grave situación que requiere que muchas de estas personas sean reconocidas como refugiadas, y por tanto, del liderazgo, la voluntad política y la responsabilidad compartida de los Estados de la región para responder a esta crisis”.

En el mismo comunicado la CIDH expresa su preocupación por la activación de prácticas de persecución y criminalización por parte del Estado nicaragüense y otros actores no estatales, tales como grupos parapoliciales.

En su informe Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, la CIDH observó que un gran número de personas nicaragüenses se habían visto forzadas a realizar desplazamientos intraurbanos dentro del mismo municipio, o trasladarse a otras ciudades debido al recrudecimiento y la prolongación de la violencia que había surgido tras el inicio de la represión a las protestas de abril de 2018.

La CIDH ha pedido a los países de la región apoyar a los nicaragüenses que emigran a otros países huyendo de la represión. EFE/ END

Posteriormente, la CIDH, a través del su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), ha recabado información sobre un gran número de estudiantes, manifestantes, víctimas y sus familiares, testigos, defensores de derechos humanos, líderes religiosos, personal médico y de salud, pueblos indígenas, entre otros, que se han visto forzadas a huir de sus hogares y en algunos casos esconderse en casas de seguridad.

En los casos más graves, las personas se han visto forzadas a migrar a otros países para buscar protección internacional como resultado de la activación de diversas formas de persecución judicial y criminalización en su contra.

Tras el inicio de la represión estatal a las protestas, la CIDH ha observado un incremento significativo en la salida a otros países y en las solicitudes de asilo de personas nicaragüenses, especialmente en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos.

Tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han establecido que el derecho de libre circulación y residencia puede ser violado cuando una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate.

“En un primer momento la actuación del Estado nicaragüense se caracterizó por reprimir violentamente las protestas, lo cual luego fue evolucionando a la persecución selectiva, detenciones arbitrarias y prácticas de criminalización de disidentes y sus familiares. Esto ha ocasionado que miles de personas se hayan visto forzadas a esconderse y desplazarse, incluso llegando al punto de huir de Nicaragua para buscar protección internacional en otros países”, señaló la Relatora de país para Nicaragua, Comisionada Antonia Urrejola.