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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió este jueves al Gobierno que facilite “a la brevedad” el acceso incondicional a la documentación en poder de las instituciones públicas, sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua desde abril, lo que han solicitado en varias ocasiones.

Específicamente, el GIEI ha solicitado los expedientes de las investigaciones realizadas por instituciones públicas, los informes de medicina legal, el listado de personas detenidas y el plan de reparaciones a víctimas y sus familiares.

“El GIEI reitera que esta información no solo es necesaria, sino, es imprescindible para poder cumplir con la función de coadyuvancia a las autoridades nacionales”, señalaron los cuatro expertos que dirigen la misión: Amérigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti.

Los expertos, personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos, llegaron a Nicaragua con el objetivo de apoyar durante seis meses las investigaciones de los hechos de violencia y las muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo en el contexto de la represión a protestas sociales contra el Gobierno.

Amérigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti, integrantes del GIEI que investiga la violencia en Nicaragua.  Nayira Valenzuel\END

Sin embargo, el grupo denunció que su labor se ha visto limitada por la falta de acceso a información en manos de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, entre otras instituciones.

“Hasta el día de hoy no hemos tenido acceso a esa información que es imprescindible para poder cumplir con las tareas que nos asignaron las partes signatarias del acuerdo”, destacó Paz y Paz, refiriéndose al acuerdo de trabajo del GIEI firmado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Nicaragua.

Avance limitado

Tras siete semanas desde su instalación en Nicaragua, los expertos solo han podido recabar información a través de entrevistas directas de los familiares de las víctimas mortales, que suman “aproximadamente una centena”, según Parenti. “Nos está faltando una parte muy importante de la información, por lo cual no sería serio avanzar en las conclusiones”, indicó.

Además, el GIEI se ha reunido con organizaciones nacionales e internacionales establecidas en el país, con medios de comunicación, con personalidades académicas y sociales, y con miembros del cuerpo diplomático residente en Nicaragua.

Parenti añadió que tampoco han podido acceder a la audiencia ni al juicio oral por el asesinato del periodista Ángel Gahona, en el que se acusa como presuntos asesinos a dos jóvenes de la ciudad de Bluefields. “En una reunión recibimos una respuesta verbal, se nos dijo que estaba en proceso, pero hasta el momento nada ha ocurrido”, reveló.

“El GIEI quiere dejar asentada su preocupación por esta situación, la cual repercute negativamente en las tareas que nos han sido encomendadas y reitera su disposición y compromiso para cumplir con su labor”, añadió Incalcaterra.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que en casi cuatro meses ha cobrado la vida de al menos 300 personas, según organizaciones de derechos humanos. Ante tal situación, la CIDH envió dos misiones al país: el GIEI, que apoyaría la investigación de lo sucedido entre abril y mayo, y el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que también se encuentra en el terreno para denunciar y documentar las violaciones de derechos humanos ocurridas en la actualidad.

Reacciones

El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, opinó que su organización está preocupada “porque el Gobierno no tiene la voluntad de esclarecer estas muertes, de que se haga justicia ni de resarcir los daños a las familias de las víctimas”.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, dijo que la falta de información institucional se debe a que “no se ha realizado ninguna investigación”.