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  • ACAN-EFE

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) advirtió hoy que los niveles de seguridad en Nicaragua han caído tan bajo, que las personas ya no se sienten seguras ni en sus casas, y culpó de la situación a la Policía Nacional.

"Ya no tenés seguridad ni estando en tu casa, en varios departamentos los parapolicías y la Policía Nacional han llegado a las viviendas de los ciudadanos y se los llevan por participar en protestas", dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.

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Hasta hace pocos meses Nicaragua era considerado uno de los países más seguros de América Latina, por su tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, sin embargo, desde el estallido social del 18 de abril las organizaciones humanitarias han reportado entre 317 y 448 muertos, de los cuales el presidente Daniel Ortega reconoce 198.

La seguridad de la que gozaba Nicaragua hacía fácil la vida nocturna, no obstante, hoy personas salen a las calles después del atardecer, por miedo a paramilitares y policías, que se desplazan encapuchados y fuertemente armados, en camionetas Toyota Hilux, a cualquier hora del día. "Hay mucho temor de perder la vida o ser encarcelados, y llevar procesos injustos", sostuvo Carmona.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Carmona emitió la advertencia luego de que se hicieran virales varios vídeos en que se observa cómo grupos paramilitares ingresan por la fuerza a las casas de personas que han participado en protestas contra Ortega, y se las llevan "secuestradas". Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.

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Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.