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Al cumplirse cuatro meses del inicio de las protestas ciudadanas en Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que ha aumentado la lista de manifestantes sometidos a procesos judiciales,  los que, según el organismo, están “llenos de irregularidades”.

Hasta la semana pasada, esta organización contabilizó 130 personas que se involucraron en las protestas, que iniciaron el pasado 18 de abril, y están siendo judicializadas por este motivo. A estas se les acusa de delitos como terrorismo, crimen organizado, secuestro, extorsión y, en algunos casos, hasta asesinato.

“Todas las acusaciones tienen el mismo formato, ya el Ministerio Público perdió la creatividad. Las mismas acusaciones las hacen para todos y cometen una serie de irregularidades”, declaró Pablo Cuevas, funcionario de la CPDH.

Sostuvo que ni las autoridades policiales ni las judiciales han permitido a los presos tener contacto con sus familiares, lo que representa una violación a los derechos humanos del detenido.

El funcionario de la CPDH subrayó que las audiencias y juicios se están haciendo “a puertas cerradas”, solamente con el acceso de medios afines al Gobierno, mientras que los familiares de detenidos continúan denunciando torturas y más detenciones ilegales a nivel nacional.

Los casos

Cuevas indicó que uno de los últimos casos de detenciones ilegales, cuando se apresa a una persona sin una orden emitida por un juez, ocurrió en el municipio de La Concepción, Masaya, donde dos mujeres fueron capturadas en su casa luego de que agentes llegaran en búsqueda de su padre, un señor de 60 años.

Las denuncias continúan llegando, a pesar de que “no se esté hablando en los medios de comunicación”, sopesó Cuevas.

El miércoles pasado, miles de manifestantes marcharon en Managua por la liberación de los “presos políticos”, entre los que se cuentan líderes opositores del Gobierno, como el campesino Medardo Mairena y la comerciante Irlanda Jerez.

También hay jóvenes que protestaron desde las trincheras en las universidades y otros que participaron en los tranques levantados en ciudades como Masaya y Carazo, que podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por el delito de “terrorismo”, según las leyes actuales de Nicaragua.