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Las denuncias por detenciones ilegales llegaron a 2,000, desde el 18 de abril hasta la fecha, y se estima que 264 personas continúan en prisión, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Braulio Abarca, abogado del Cenidh y encargado de los casos de detenciones arbitrarias, afirmó que de los 264 personas que continúan detenidas de forma ilegal en las diferentes cárceles del país, 180 tienen un proceso judicial en desarrollo.

Añadió que los procesos arbitrarios se realizan en Managua, Estelí, Masaya, Jinotega, Carazo, León y Chinandega.

“La información es recabada a través de las denuncias in situ o través de las demás filiales del Cenidh”, explicó Abarca.

Centros penitenciarios, distritos policiales de Managua y delegaciones municipales, son los lugares donde aún permanecen las personas detenidas, indicó.

“Hubo un momento en que en Jinotepe, Carazo, nuestro colaboradores recibieron más de 80 personas en un día, denunciando la captura ilegal de un familiar”, declaró el funcionario del Cenidh.

Casos emblemáticos

La familia de las hermanas Olesia y Tania Muñoz, denunciaron al Cenidh la detención ilegal de ambas por apoyar las protestas antigubernamentales; y las dos jóvenes permanecen detenidas en el sistema penitenciario para mujeres La Esperanza, sin tener una acusación legal del Ministerio Público.

Los familiares aseguran que ambas participaban en las protestas en el municipio de Niquinohomo, donde fueron capturadas hace semanas.

El abogado del Cenidh, Braulio Abarca, aseguró que en el sistema judicial aún no hay una acusación formal en contra de las hermanas Muñoz.

“Nosotros hicimos un recurso de exhibición personal y obtuvimos un mandamiento de libertad el pasado lunes 13 de agosto, el que no se ha cumplido”, expresó.

Presos políticos, como Medardo Mairena, los jóvenes del Movimiento Estudiantil 19 de abril de Matagalpa, entre otros, han sido acusados por el delito de terrorismo.

Los movimientos sociales piden al Gobierno cesar la criminalización a quienes participan pacíficamente en manifestaciones, y demandan abstenerse de aplicar figuras legales como terrorismo contra los protestantes.

El Cenidh asegura que las detenciones ilegales continúan en el país, y las principales víctimas son los jóvenes que participaron en las protestas antigubernamentales.