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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) brinda acompañamiento a docentes que han denunciado despidos arbitrarios en el Ministerio de Educación (Mined) por “razones políticas”.

Uno de los casos es de la profesora Verónica Martínez Suárez, de Estelí, quien con más de tres décadas de trayectoria fue despedida atribuyéndole faltas graves a la ética profesional.

“No quieren que opine diferente. Yo tengo mis propios criterios y opiniones. Esto es por cosas políticas”, sostuvo Martínez Suárez, quien impartía clases en noveno y doceavo grado, en el Instituto Héroes y Mártires de Pueblo Nuevo.

Martínez Suárez aseguró que negarse a participar en actividades partidarias y, en cambio, apoyar las marchas azul y blanco, es el verdadero motivo de un despido  que calificó de “injusto” para una profesional con 34 años de labor y a la que solo le faltaban seis meses para jubilarse. 

El procurador laboral de la CPDH, José López, coincide en que la cancelación del contrato de la maestra Martínez Suárez es arbitrario: “Le están aplicando falta grave a la ética, cuando la definición de ética no tiene asidero legal, no está normado ni establecido en la Ley 476, Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa. En este caso no se siguieron las normas ni hay una autorización del Ministerio del Trabajo para tal despido”,  argumentó López.

Otro ejemplo

Otro ejemplo de represalia, a través de lo laboral, es el caso del profesor de Matemáticas del Instituto Público Miguel Bonilla Obando, Juan Rodríguez, uno de los primeros despedidos del Mined.

“Me despidieron porque me dijeron que subiera a los alumnos a los autobuses que iban a la rotonda Hugo Chávez a una actividad del Gobierno. Cuando dije que los chavalos no son políticos y a lo que venían es estudiar, me contestaron que era orden presidencial”, relató el docente.

Rodríguez indicó que su despido fue avalado por el Ministerio del Trabajo y los juzgados laborales. Su caso está en apelación.

No todos hablan

José López, procurador laboral de la CPDH, indicó que este organismo ha atendido, al menos, 27 denuncias de despidos de funcionarios de diferentes instituciones estatales y 123 consultas por anomalías en situación laboral.  

“Tengo entendido que hay otros (casos), pero no hacen uso de su derecho a denunciar por temor”, apuntó.

Por ejemplo, sobre los galenos de León, no sabemos si fueron a pedir la acción de reintegro al juez del trabajo. Lo que CPDH puede confirmar es que en materia laboral todos los casos de médicos despedidos en Masaya, Managua y Carazo están en proceso judicial”, aseguró López.

La Asociación Médica Nicaragüense reportó 200 casos de despidos, la mayoría especialistas y subespecialistas.