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  • EFE

La Alianza Cívica de Nicaragua recordó hoy al primer niño fallecido en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, víctima de un balazo en la garganta y de la prohibición de atención médica, mientras repartía agua entre los manifestantes, el 20 de abril pasado.

"Prohibido olvidar, hace cuatro meses le quitaron la vida a Álvaro (Conrado)", publicó la Alianza, en sus redes sociales. El caso de "Alvarito", como le llaman los nicaragüenses, es emblemático, por las características que rodearon su muerte.

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Era un estudiante y deportista destacado de 15 años de edad, no estaba cometiendo ningún delito cuando recibió un disparo de un francotirador de la Policía Nacional, pese a lo cual pudo haberse salvado, pero el Gobierno había ordenado a los hospitales negar la atención médica a los manifestantes heridos, según diversos informes de organizaciones humanitarias.

Álvaro Conrado. END/ARCHIVO.

Desde entonces, sus últimas palabras, "me duele respirar", se convirtieron en un grito de reclamo de los manifestantes autoconvocados.

"Al igual que más de 300 personas fallecidas, él lo único que quería era ver libre su patria", afirmó la Alianza, con base en unas palabras que escribió a sus padres antes de morir.

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Las organizaciones humanitarias cuentan entre 317 y 448 muertos desde el estallido social del 18 de abril pasado, al menos 25 niños entre ellos, aunque el Gobierno reconoce 198.

Ilustración por Beatriz Cifuentes en honor a Álvaro Conrado. END/ARCHIVO.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Nicaragua atraviesa la crisis política más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.

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Hasta ahora el Gobierno ha informado de ningún policía o paramilitar que esté siendo juzgado por la muerte de civiles.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.