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Nahomy Doris Urbina Marcenaro, conocida como “Comandante Masha”, recibió el pasado 15 de agosto medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser víctima de amenazas, asedio y de una campaña de desprestigio, publicó esta semana dicha comisión en su sitio web.

Urbina había participado de los tranques en la ciudad de Jinotepe, Carazo, y cobró notoriedad al conocerse que tenía cáncer linfático. 

La joven de 21 años fue acusada por la Fiscalía el pasado 9 de agosto por varios delitos, incluyendo crimen organizado y terrorismo. Urbina huyó clandestinamente hacia Costa Rica la semana pasada, para evitar ser apresada injustamente.

La CIDH determinó que “los derechos a la vida e integridad personal de Nahomi Doris Urbina Marcenaro y su núcleo familiar están en riesgo”, debido a varios hechos de amenaza e intimidación contra la joven y su familia.

Por ejemplo, se especifica que en una ocasión “presuntamente miembros de la policía y paramilitares habrían ingresado en su residencia golpeando a su madre, encañonado y amenazando a su abuela, robándose su cédula y pasaporte”. También se expone que la joven indicó haber sido calificada como “incitadora de la violencia” a través de perfiles falsos en redes sociales.

Además, se indica que el 28 de julio, mientras Urbina participaba en la peregrinación a favor de los obispos y sacerdotes de la Iglesia católica hacia la Catedral de Managua, esta “habría sido perseguida por miembros de la policía y paramilitares”. Esta fue la última vez que la joven fue vista públicamente en Nicaragua.

“Los hechos descritos por la propuesta beneficiaria sugieren que la situación de riesgo en que se encuentra ella y su familia es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, especialmente dada su participación en las protestas y demás movilizaciones estudiantiles”, indica la CIDH, aduciendo que resulta necesario “de manera inmediata” adoptar medidas para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal.

Tres líderes caribeños

En una resolución anterior, la CIDH también otorgó medidas cautelares a Daisy George West, Juan Carlos Ocampo Zamora, y el reverendo Marvin Hodgson, todos miembros de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia y representantes de la Costa Caribe en el diálogo nacional.

George, según la CIDH, habría recibido amenazas desde el 18 de mayo a través de redes sociales con amenazas de quemar su casa, detener a su esposo y violarla, además la acusan por diversos medios de “terrorista y golpista”. A Ocampo lo habrían amenazado de muerte los colonos asentados ilegalmente en las tierras de su comunidad miskita, y habría sido víctima de persecuciones mientras se encontraba en Managua. Al reverendo Hodgson lo habrían retenido sujetos encapuchados y habría sido perseguido en diversas ocasiones.

Desde el 21 de mayo hasta la fecha, la CIDH ha solicitado al Estado de Nicaragua medidas cautelares para casi cien personas que se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia” al haber sido objeto de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia.