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Una nueva y ampliada denuncia contra el presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto José Rivas Reyes, está siendo preparada por el abogado Gustavo García Prado, del Grupo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, para ser presentada como iniciativa ciudadana ante el Ministerio Público.

La denuncia ahora se hará con la fortaleza de que Rivas al estar usurpando su cargo por no haber rendido su declaración de probidad a la Contraloría, no goza de ninguna inmunidad y puede ser procesado sin necesidad de pedir a la Asamblea Nacional que le suspenda ese privilegio, según juristas que han hablado del caso.

García Prado informó que la inicial denuncia que hizo ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República, CGR, contra el titular del CSE, fue archivada por el fiscal Manuel Reyes Juárez, bajo el argumento de falta de pruebas y méritos para investigar al polémico funcionario.

En esa denuncia de febrero pasado se pedía la investigación del Ministerio Público a Rivas Reyes por enriquecimiento ilícito, fraude aduanero en la introducción de un yate de lujo, peculado y malversación de caudales públicos.

Ampliarán cargos

El abogado independiente dijo que apelaría la resolución de la Fiscalía para archivar el caso, ampliaría la denuncia por enriquecimiento ilícito y agregaría la denuncia de usurpación de cargo y violación a la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos, al conocer de voz del presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, que el controversial funcionario no presenta declaración de probidad desde el año 2000, a pesar de haber sido reelecto en el año 2005.

La Ley 438 establece que todo funcionario está en la obligación de presentar su declaración de probidad antes de asumir un cargo público y al cesar del mismo. Y las declaraciones de Rivas no aparecen en la Contraloría, según se constató en una investigación general que ese ente realiza sobre los bienes y recursos de los funcionarios públicos de la actual administración. Rivas ha asegurado que tiene constancias de la CGR de que sí cumplió con la ley, pero no remite esos documentos al ente fiscalizador.

“El fiscal a cargo de la investigación dice que habló con algunas personas del Consejo Supremo Electoral y la Contraloría; y que ahí no encontró méritos para abrir causa, pero cualquiera sabe que no es ahí donde se encuentran las pruebas de la corrupción, sino en otras partes, y para eso se debe investigar con auxilio de la Policía, y eso no se hizo”, acusó García Prado.

El equipo de la Fiscal Adjunta

EL NUEVO DIARIO se comunicó con el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, y solicitó la explicación de los motivos para archivar el caso. El funcionario explicó que desconocía a fondo los motivos técnicos jurídicos, pero justificó que “eso es muy potestativo del fiscal específico que está viendo eso”.

Del mismo modo END habló con el fiscal a cargo, Manuel Reyes Juárez, y éste ofreció cortésmente explicar sus argumentos mañana lunes en su oficina del Ministerio Público.

Este fiscal fue designado por la fiscal general Adjunta, Ana Julia Guido, de reconocida incondicionalidad orteguista, en varios casos promovidos el año pasado por el gobierno del presidente Daniel Ortega contra los organismos no gubernamentales Cinco, Movimiento Autónomo de Mujeres, Instituto Republicano y Oxfam.

El movimiento feminista y algunos de los atropellados en esa ocasión por el gobierno de Ortega pidieron a la Fiscalía separar del caso al citado fiscal Manuel Reyes Juárez, junto al inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, por supuesta parcialización a favor del gobierno orteguista.

El abogado García Prado anunció que actualmente elabora el documento y posiblemente lo presente la próxima semana, insistiendo siempre en que se ordene una investigación a fondo por enriquecimiento ilícito, y agregando como agravante la denuncia del presidente de la Contraloría, pedir la anulación del cargo como magistrado presidente del CSE y evitar que acuda la Ley de Inmunidad e impedir de ese modo una nueva investigación.

A raíz de la denuncia del presidente de la CGR, el diputado liberal José Pallais comentó que Rivas Reyes cometió usurpación del cargo público y anunció que impulsará gestiones para que la Asamblea Nacional declare la nulidad del cargo o tramite tal gestión ante la Contraloría.

Del mismo modo, Argüello Poessy advirtió que la falta de declaración de probidad implica una sanción administrativa que podría incluso alcanzar hasta la destitución del cargo del funcionario Rivas Reyes, quien en versión a medios oficialistas dijo que presentó su declaración ante la CGR en julio de 2005 al iniciar sus funciones de presidente del CSE para un período que vence en 2010.

Versiones periodísticas recientes señalan a Rivas como poseedor de riquezas y bienes tanto en Nicaragua como en Costa Rica no compatibles con sus ingresos de funcionario público.

Un poco de historia

Ésta no es la primera vez que se solicita o realiza una investigación contra Rivas Reyes. En octubre de 2002 la Contraloría elaboró un proyecto de resolución con presunción de responsabilidad penal por manejos irregulares de ese Poder del Estado contra el funcionario, pero la misma fue modificada a “responsabilidad civil”, después de reuniones privadas entre el entonces secretario general del Frente Sandinista, hoy presidente Daniel Ortega, y el cardenal Miguel Obando, protector de Rivas Reyes y actual aliado del mandatario Ortega.

Coprosa y el fraude.

Rivas Reyes llegó como magistrado miembro al Consejo Supremo Electoral en 1995. Fue Vicerrector Académico de la Universidad Católica “Redemptoris Mater” Unica, y Director Ejecutivo de la Comisión de Promoción Social Arquidiocesana (Coprosa), que durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán recibió miles de dólares en libres introducciones de vehículos de lujo.

Sectores de la oposición política del país lo acusan de ser el director del fraude electoral de noviembre de 2008, cuando decenas de alcaldías presuntamente ganadas por mayoría de votos a favor de candidatos liberales, fueron dadas en conteos irregulares al oficialista partido de gobierno.