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La organización Human Rights Watch solicitó este jueves al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la realización “urgente” de una sesión especial sobre Nicaragua, que “contribuya a los esfuerzos regionales y de la ONU que buscan evitar mayor violencia y abusos en el país”.

“El Consejo de Derechos Humanos debería unirse al coro creciente de voces internacionales y regionales que han condenado los abusos en Nicaragua y convocar urgentemente una sesión especial sobre la crisis de derechos humanos en el país”, expresa una carta publicada.

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El documento, firmado por John Fisher, director en Ginebra, y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de las Américas de Human Rights Watch, surge en respaldo de una solicitud que ya habían hecho el pasado 18 de julio 54 organizaciones de sociedad civil, entidades y movimientos de Nicaragua y otros países del mundo.

El objetivo que buscan las organizaciones es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopte una resolución que exprese su “profunda preocupación” y condena por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y exija a las autoridades locales “que pongan fin a estos abusos, incluyendo los homicidios y agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas, críticos y opositores”.

La resolución también instaría a las autoridades a que realicen investigaciones “exhaustivas, imparciales e independientes”, sobre los hechos de violencia ocurridos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua, y llamaría a que el Gobierno coopere “plenamente” con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Monitoreo para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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“A la luz de su mandato de prevenir violaciones de derechos humanos y responder a urgencias en materia de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos debería abordar inmediatamente la situación de derechos humanos en Nicaragua”, añade la carta.

En la misiva se resalta que, al menos, 317 personas han sido asesinadas y más de 2,000 sufrieron heridas, “en la mayoría de los casos a manos de la policía y de pandillas armadas partidarias del Gobierno” de Nicaragua.

También menciona los secuestros y detenciones arbitrarias a cientos de manifestantes, así como los despidos de médicos y profesionales de la salud que hubieran tenido una posición crítica frente a la represión.