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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 322 la cifra de muertos en Nicaragua, en el contexto de la represión a las protestas ciudadanas desde el 18 de abril, y reafirmó que su trabajo lo lleva a cabo con “extrema rigurosidad metodológica”, respondiendo a los señalamientos del Gobierno que en un “informe evaluativo” calificó al organismo como sesgado y carente de rigurosidad científica en su metodología.

Ante el cuestionamiento público del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense a la metodología de trabajo de la CIDH, incluyendo las cifras sobre el número de personas fallecidas, esta comisión recalcó que su labor de monitoreo, que se realiza a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de los otros mecanismos a su disposición, “se lleva a cabo con extrema rigurosidad metodológica”.

Esto incluye contrastar varias fuentes, dentro de las cuales se encuentran testimonios de víctimas y de sus familiares, información que aportan organizaciones de la sociedad civil y medios informativos, así como fuentes oficiales.

La CIDH explicó que lleva un registro con la indicación de la fuente de la información sobre las personas asesinadas y “conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”.

El Gobierno sostiene que "las personas asesinadas en su mayoría son policías, funcionarios del Estado, militantes sandinistas y civiles ajenos al conflicto".

El informe sobre la octava semana de trabajo del Meseni, de la CIDH, detalla que de las 322 víctimas registradas hasta este viernes, solamente 21 serían policías. Entre el total de víctimas habría 23 niños y adolescentes.
CIFRAS INCONSISTENTES

La CIDH afirmó que las cifras de personas fallecidas aportadas por el gobierno nicaragüense “son inconsistentes”, señalando que mediante notas que el Gobierno les remitió entre junio y julio de 2018, informó sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría agentes del Estado o personas afines al Gobierno.

Posteriormente, en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, el 7 de agosto el Gobierno reportó una cifra de 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio, indicando en el desglose que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista” y 253 fueron “muertes homicidas” producto de la actividad delictiva común.

“Frente a la inconsistencia de las cifras reportadas por el Estado y sus cuestionamientos al registro de fallecidos de la CIDH, la comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar las cifras con aquellas que ofrecen las autoridades nicaragüenses”, planteó la CIDH este viernes.

La comisión llamó al Estado a adelantar investigaciones “serias y eficaces” sobre todas las muertes de personas manifestantes, así como de todas las muertes ocurridas en el contexto de la violencia que vive el país desde el 18 de abril.

Represión y criminalización

A cuatro meses de iniciadas las protestas sociales en el país, la CIDH advirtió sobre la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social “bajo cargos infundados y desproporcionados”.

“En vez de producir investigaciones imparciales para dilucidar la verdad y administrar justicia, los procesos judiciales contra estas personas muestran serias evidencias de estar destinados a criminalizar la disidencia y la protesta social”, aseguró el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Adicionalmente, la CIDH expresó que nota con preocupación que en la práctica “se continúa procesando a adolescentes en el sistema penal para adultos”.

El Meseni también ha comprobado la persistencia de un patrón de represión selectiva, “con un conjunto de detenciones arbitrarias e ilegales en las últimas semanas”, luego de la deposición voluntaria o por la fuerza estatal de los tranques a lo largo y ancho del país, añadió.

Según la CIDH, “es de suma gravedad” la falta de información oficial del Estado de Nicaragua sobre el número de personas detenidas, así como de otros datos que permitan caracterizar este fenómeno.

Esperan respuesta

La comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, señaló que la CIDH requiere del Estado de Nicaragua respuestas a todas y cada una de las solicitudes de información elevadas, acceso a los centros de detención, a las audiencias públicas, a las autoridades competentes y a los lugares identificados por el Meseni, así como el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas.

“Igualmente se requiere al Estado que dé cumplimiento al convenio suscrito con la Secretaría General de la OEA y la CIDH el 30 de mayo de 2018, y que atienda las solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de acceder los expedientes de investigación que se hubieran iniciado en el Ministerio Público, así como a las medidas dirigidas a reparar de manera integral las víctimas de violaciones de derechos humanos”, concluyó la comisionada.