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La Agencia de Naciones para los Refugiados (Acnur) instó este viernes a los Estados a acoger a los nicaragüenses que huyen de la crisis sociopolítica y permitir el acceso al procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada a los solicitantes ajenos al conflicto que ya están en el exterior y tengan razones fundadas para no regresar al país. 

“El ACNUR hace un llamamiento a los Estados para que cumplan las normas internacionales e interamericanas sobre el tratamiento de solicitantes de la condición de persona refugiada y otras personas necesitadas de protección internacional, respetando la obligación de no rechazar en la frontera o expulsar del territorio a cualquier persona que alegue un riesgo de daño serio”, explicó el organismo en una nota de orientación sobre el flujo de migrantes nicaragüenses. La agencia de Naciones Unidos argumentó que Nicaragua continúa siendo afectada por una “grave crisis política y social que genera violencia y abusos contra los derechos humanos, por lo tanto muchas personas nicaragüenses han tenido que huir de su país y dada la inestabilidad de la situación, se espera que ésta continúe”. 

Con base en la identificación de perfiles elaborada por el ACNUR y los socios y los ejercicios de monitoreo fronterizo, el ACNUR dijo observar que la mayoría de las solicitudes de la condición de persona refugiada “se basa en la opinión política real o imputada a las personas, y por lo tanto considera que es probable que necesiten protección internacional de refugiados”.

Brindarán apoyo 

ACNUR manifestó está preparada para brindar su apoyo técnico y pericia a los Estados que buscan mejorar el acceso, la imparcialidad y la eficiencia de sus procedimientos de determinación de la condición de persona refugiada.

En todas las situaciones en que se considere un retorno forzoso de una persona a Nicaragua, “será de suma importancia primero evaluar las necesidades de protección internacional de la persona a fin de garantizar que tales retornos no violen las obligaciones de no devolución de los Estados de conformidad con el derecho nacional, regional e internacional, y también garantizar el derecho de la persona al debido proceso”.