•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

Salvador Marenco, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenid), informó que una semana después de haber iniciado las protestas el 18 de abril, comenzaron a interponer ante el  Ministerio Público denuncias por la muerte de manifestantes.   Según Marenco, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenid)  ha acompañado a  familiares de protestantes hasta el Ministerio Público para interponer denuncias por 69 asesinatos.

Sin embargo hasta la fecha, solo el caso del periodista Ángel Gahona, asesinado en Bluefields, ha sido llevado a los tribunales y con un gran cuestionamiento sobre la veracidad de este juicio, indicó el abogado.   

“Continuamos recibiendo e interponiendo denuncias por personas asesinadas”, dijo el abogado quien considera que esto es un acto de justicia parcializada por parte del Gobierno, ya que decenas de personas que participaron en marchas o en tranques están siendo acusados por terrorismo. 

En total han interpuesto un centenar de denuncias al Ministerio Público por distintas violaciones de derechos a manifestantes autoconvocados, entre ellos intento de asesinato, lesiones y amenazas de muerte.  

En las 69 denuncias por asesinatos se acusa principalmente a policías y paramilitares. “No hay generalmente personas identificadas, pero hemos aportado videos y fotografías de cómo ha sucedido los incidentes”, aseguró Marenco. 

“No tenemos conocimiento de que se hayan hecho líneas de investigación contra la policía, porque en su mayoría se denuncia a la policía y también a miembros paramilitares”, precisó.

Casos documentados

Los 69 casos por asesinato fueron documentados. “En todos se presentó acta de defunción, incluso en los primeros casos se les entregó al Ministerio Público, los documentos que la policía hacía firmar a los familiares como un acta de desistimiento, donde la policía se libraba de responsabilidad por haber asesinado a esta persona”, detalló el abogado.  
El representante del Cenidh explicó que han presentado una solicitud de informe al Ministerio Público, debido a que la ley establece que luego de pasado 20 días de la denuncia deben pronunciarse y no lo han hecho en ninguno de los casos.  “Mandamos una carta al fiscal departamental de Managua reclamando por esto y no hemos recibido respuestas”, dijo Marenco. 

Demanda internacional  

Katherine Álvarez, la pareja de Erick Cubillo, uno de los fallecidos el 20 de abril durante las protestas, aseguró que hasta la fecha no hay nadie acusado por la muerte de su esposo. Ella asegura que fue un policía el que asesinó a Cubillo, cuando este se encontraba en el sector de la UCA, esperando un vehículo para ir a su casa. 

“En el momento en que él se dirige a esperar a sus compañeros que lo pasaran recogiendo, se armó la trifulca entre estudiantes y policías. Murió de tres balazos en el lado izquierdo de su cuerpo. Una muchacha que presenció el hecho me dijo vía telefónica que la Policía lo había baleado”, describió Álvarez. La ciudadana afirmó que tuvo que huir del país por las constantes amenazas que recibía. Indicó que Cubillo trabajó en Enatrel, una empresa estatal. Continúa esperando que las autoridades le den información sobre la muerte de su pareja.

“La teniente Jenny Velásquez, del Distrito I, me dijo que ellos no podían hacer levantamiento de peritaje porque los estudiantes no le permitían acceso. Sus pertenencias no se me entregaron”, declaró Álvarez.   

Marenco afirmó que si los familiares no tienen respuesta efectiva por parte del Gobierno puede acceder a vías internacionales como una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Justicia. “La familia no debe dejar de denunciar, no para obtener justicia, sino para documentarse y sustentar la demanda internacional”, dijo el abogado.