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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reveló que hay unos 200 protestantes que están siendo procesados actualmente, principalmente con acusaciones por terrorismo, en todo el país. De estos, 120 han sido llevados a los tribunales de Managua y otros 80 en departamentos como Estelí, León, Chontales y Carazo. 

En los últimos días, al menos ocho nicaragüenses que participaron o apoyaron las protestas, iniciadas el pasado 18 de abril, fueron detenidos por las autoridades policiales y serán judicializados, afirmó a El Nuevo Diario Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH. 

“Sabemos que hay muchas más personas en otros departamentos que nos han pedido apoyo, pero por problemas de recursos humanos no hemos podido (asistir). Sin temor a equivocarnos, creemos que puede haber alrededor de 300 detenidos, pero a algunos todavía no se les ha abierto proceso”, lamentó Carmona. 

Uno de los últimos casos de detenidos por “terrorismo”, que estaban vinculados a las protestas, fue presentado este viernes por la Policía Nacional. La institución presentó a Delfino Úbeda, de 60 años, y Samuel Úbeda, de 23, quienes serán procesados por “cometer delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, en perjuicio del Estado de Nicaragua”. 

Según la información de las autoridades policiales, los detenidos pretendían perpetrar atentados en Managua y Masaya el pasado fin de semana, cuando se realizaron manifestaciones en contra del Gobierno, convocadas por organizaciones civiles. 

“Simulando participar en marcha pacífica de la denominada Alianza Cívica e intentando crear terror y zozobra, utilizando armas de fuego y vehículos para transportar a integrantes de grupos terroristas”, declaró a medios afines al Gobierno el comisionado mayor Farle Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). 

Torturas y abuso sexual

La CPDH denunció que ha recibido información de torturas e incluso abuso sexual y violaciones dentro de las cárceles donde permanecen los “presos políticos”, tanto en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) como en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida también como El Chipote. 

“Es una situación de mucha indignación, y actos reprochables como estos definitivamente se están dando en este país”, recalcó Carmona. 

Este organismo de derechos humanos continúa registrando denuncias de personas que han recibido amenazas de muerte y han tenido que huir de sus hogares, “producto de las listas” que han creado los dirigentes políticos locales para tomar represalias en contra de quienes apoyaron las protestas antigubernamentales. 

Asimismo, también indicaron que más nicaragüenses han abandonado el territorio nacional por persecución política. “Esto no es una situación normal, porque la gran mayoría son jóvenes que están saliendo del país”, agregó el funcionario de la CPDH.