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A puerta cerrada, la jueza Noveno Distrito de la capital, Karen Chavarría, dictó prisión preventiva para cuatro jóvenes originarios de Diriamba, Carazo, y  gira orden de captura de otros 13 que participaron en tranques antigubernamentales.

A los 17 jóvenes, la Fiscalía les atribuye de manera indistinta los delitos terrorismo, uso de armas restringidas, obstrucción de servicios públicos (transporte), asesinato frustrado, tortura y terrorismo.

Los diriambinos, a quienes la judicial Chavarría les dictó prisión preventiva y programó audiencia inicial para el próximo 18 de septiembre, son: Juan Cruz García, Hamilton Bryan Quintero y los hermanos Manuel y  Walter Cerrato Rodríguez.

A petición de la representación del Ministerio Público, la autoridad judicial programó una audiencia de anticipo de pruebas para que dos de los testigos ofrecidos por la Fiscalía  brinden su testimonio.

La razón que dio el representante del ente acusador para pedir la audiencia de anticipo de pruebas es que los testigos que brindarán su testimonio el próximo 30 de agosto presuntamente están recibiendo amenazas de muerte.

La  abogada Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien ejerce la defensa de los acusados, se opuso a la aceptación de la acusación alegando que en la misma no se individualiza la participación de los procesados.

Detención ilegal

La abogada de la CPDH  reclamó a la jueza Chavarría la inobservancia de la garantía constitucional de poner a los reos a la orden del tribunal competente después de las 48 horas.

“Los acusados dicen que los detuvieron el 11 de agosto, pero la Policía puso en las actas de detención que fueron apresados el 13 del mismo mes;  es decir, que los remitieron  ante la autoridad judicial hasta 12 días después de su  captura”, explicó la abogada Nieto.

Para la abogada de la CPDH,  el hecho que los cuatro jóvenes sobre quienes recayó la prisión, hayan pasado detenidos ilegalmente 12 días sin que sus familiares supieran de su paradero puede ser tenido como “desaparición forzosa y ocultamiento ilegal de personas”.