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La Alianza Cívica por la Justicia y la democracia solicitó la mañana de este martes al Gobierno de Nicaragua anular los procesos penales contra los manifestantes, a quienes consideran presos políticos.

Según datos de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), en Nicaragua hay al menos 137 personas que son judicializadas, acusadas de delitos como terrorismo, crimen organizado, secuestros, extorsión y hasta asesinatos, por participar en las protestas antigubernamentales.

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“El Gobierno ha desplegado una campaña que tilda al pueblo de terrorista y una propaganda en la que han acusado a la iglesia católica y organismos de derechos humanos de ser parte de un complot golpista”, declaró en conferencia de prensa la Alianza Cívica. 

Según la Alianza Cívica, que lanzó una proclama desde la rotonda Jean Paul Genie, en Managua, el Gobierno ha convertido en un delito ejercer el derecho a la protestas cívica.

“Demandamos justicia y libertad, quienes nos hemos movilizado en estos meses aspiramos a una Nicaragua con justicia y democracia, con un Gobierno que respete el estado derecho, con instituciones que sirvan a todos y garanticen nuestros derechos. Estamos convencidos que esta situación puede resolverse con movilización cívica y el dialogo nacional, sin embargo el Gobierno no ha reconocido su responsabilidad, ha quedado claro que el Gobierno no quiere la paz, el orden, la justicia y la libertad para el pueblo de Nicaragua”, declaró la Alianza Cívica.

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La Alianza Cívica también solicitó la reinstalación del diálogo nacional con los obispos de la Conferencia Episcopal como mediadores y testigos, incorporando garantes internacionales y la convocatoria a elecciones anticipadas, libres y transparentes, con observación nacional e internacional.

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El Cese a la represión y las represalias, el desarme de las fuerzas parapoliciales y otros civiles armados con la observación internacional, el cese de la criminación de las protestas y judicialización ilegal. La inmediata liberación de presos políticos y la anulación de procesos ilegales, son también parte de las garantías que pide la Alianza Cívica al Gobierno de Nicaragua.    

El sábado un grupo de Jóvenes que se dirigía a una protesta en Granada fueron capturados por la Policía Nacional en Carazo y trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, donde fueron liberados horas más tardes.

Ese mismo día, miembros de Movimientos 19 de Abril y estudiantes de la UNAN-León,  fueron detenidos tras finalizar una marcha, estos últimos aún están presos, según sus familiares.  

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La Alianza Cívica también hizo un llamado a la población nicaragüense a permanecer en la protesta cívica y denunciar violaciones de derechos humanos.

“Estamos cerca de lograr una Nicaragua libre con justica y democracia”, reiteró la Alianza.