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El gobierno de Nicaragua rechazó hoy "de manera integral" un informe de la ONU, que denuncia al Estado de cometer represión.

El gobierno de Daniel Ortega también sostuvo que la ONU se "extralimitó" en sus funciones al emitir el informe y agregó que "prejuzga" lo ocurrido durante la crisis que comenzó el pasado 18 de abril, que para las autoridades se trata de un intento de golpe de Estado.

"Nicaragua no ha invitado a la OACNUDH para una visita in loco con fines de observación a los derechos humanos, ni la resolución de la Asamblea General 48/141 invocada en el precitado informe les concede esta facultad. Por lo cual, la OACNUDH se extralimitó al emitir este documento", indicó el gobierno de Nicaragua en un comunicado enviado a la ONU.

La ONU emitió hoy un informe titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. 18 de abril – 18 de agosto”, en el cual afirma que en este país han ocurrido actos de represión, impera un clima de miedo y se corre el riesgo de que en Centroamérica exista una nueva Venezuela (en referencia a la crisis humanitaria del país del sur).

Según el gobierno de Nicaragua, el título del informe de la OEA "prejuzga la actuación del Estado, al dejar por sentado supuestas violaciones de derechos humanos e incorpora en sí mismo afirmaciones a priori, carentes de objetividad y que no están sustentadas".

El informe de la ONU en contexto

Esta respuesta del gobierno nicaragüense se entregó a la ONU el pasado 26 de agosto, y mantuvo que "lo sucedido en Nicaragua fue un intento de Golpe de Estado, pretendiendo romper el orden constitucional".

Para las autoridades de Nicaragua, el informe de la ONU es "precipitado".

"Cuestionamos el denominado informe por ser carente de información veraz, ya que a pesar de que señala la metodología que utilizaron, se evidencia a lo largo de su descripción el uso excesivo de fuentes indeterminadas e imprecisas, tales como 'información disponible', 'según informes', 'a falta de análisis…', 'podría' y 'probablemente', entre otros", mantuvo el gobierno nicaragüense.

Además, la administración de Daniel Ortega indicó a la ONU que, basado en la Constitución, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público aplican la ley, y defendió el trabajo desarrollado por el Instituto de Medicina Legal (IML).

"Al amparo legal, las fuerzas policiales emplearon armas neutralizantes no letales, armas con municiones no letales, y uso de armas disuasivas (armas aturdidoras, gases lacrimógenos) con fines de minimizar el riesgo de muerte y lesiones, en correspondencia con los altos niveles de violencia armada, y los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad", expresó el Estado de Nicaragua.

Organismos locales e internacionales defensores de derechos humanos sostienen que tanto la Policía de Nicaragua como el Ministerio Público ejecutan operativos sin respetar las garantías a las personas que son arrestadas y luego procesadas.

La Policía Nacional también ha sido señalada por los organismos defensores de los derechos humanos de usar municiones letales para disolver las protestas.

Un protestante en Nicaragua denuncia la existencia de presos políticos. AFP/END

Para el gobierno de Ortega, al inicio las protestas tuvieron como detonante la divulgación de una noticia falsa: la supuesta muerte de una persona.

"El Estado de Nicaragua expresa categóricamente su posición que los hechos que señala la OACNUDH no se dan en el marco de protestas sociales, sino en el marco de un intento de ruptura constitucional e institucional para cambiar a las autoridades legítimamente electas y derrocar al gobierno (léase, intento fallido de golpe de Estado)", sostuvieron las autoridades nicaragüenses.

Agrega que en el marco de esta crisis, han muerto 22 policías y reitera que "grupos golpistas" son los que han dirigido las protestas.

El Estado de Nicaragua también negó la existencia de "gurpos parapoliciales", "grupos armados progubernamentales, turbas o fuerzas de choque", así como los centros de detención ilegal o clandestinos, como se ha denunciado.

"El Estado de Nicaragua reafirma que no es Política de Estado la represión de protestas sociales pacíficas y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional; basta citar las múltiples marchas que han ocurrido en el país, en las que no se dio ningún fallecido ni lesionado", continúa la respuesta de Nicaragua.

Anteriormente, el Estado de Nicaragua ha rechazado los informes emitidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), así como las resoluciones de la OEA, de crear un grupo de trabajo para ayudar a resolver la crisis que comenzó el pasado 18 de abril, con un saldo superior a las 300 muertes (según organismos defensores de los derechos humanos.