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La Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó este miércoles que desde el inicio de las protestas antigubernamentales en Nicaragua existió un “uso excesivo de la fuerza” y que, “lejos de reconocer su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos”, el Gobierno culpa a la oposición por lo que denomina “violencia golpista”, aunque la mayoría de testimonios recibidos apuntan a violaciones de derechos humanos perpetrados por la Policía.

El informe “Violaciones a los derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” presentado este miércoles por Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), explica que “el Gobierno no ha reconocido ningún uso desproporcionado de la fuerza o acción ilegal por parte de los agentes de la policía”.

En contraposición, a partir de junio, la Cancillería ha enviado 40 comunicaciones a la Oacnudh sobre presuntos actos de violencia relacionados con las protestas sociales imputados a los manifestantes, solicitando a la Oficina tomar nota y pronunciarse públicamente.

El informe detalla que casi todas las comunicaciones recibidas de la Cancillería se refieren a abusos cometidos en contra de militantes del Frente Sandinista y la Policía Nacional.

No hay evidencia de golpe

Fernández Maldonado explicó que al conocer la hipótesis del Gobierno sobre el señalamiento de intento de golpe de Estado, solicitaron acceso a información y lugares que ratificaran esto, pero el Gobierno no respondió a estas peticiones.

“La información a la que hemos tenido acceso no apoya esa visión. Por el contrario, desde la perspectiva de derechos humanos sí hemos encontrado acciones que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos, no desde esa perspectiva gubernamental”, expresó Fernández Maldonado.

Naciones Unidas concluyó que la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones y que “aunque algunas se tornaron violentas, la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos”.

La Oacnudh también señala que, la respuesta de las autoridades ante las protestas fue reprimir “sistemáticamente la disidencia al Gobierno”, y en ese sentido, recomiendan incluir en las investigaciones a la cadena de mando de las autoridades, incluidas las de la Policía Nacional.
En el informe, Naciones Unidas pidió al Gobierno de Nicaragua asegurar que las investigaciones en torno a los crímenes ocurridos desde el 18 de abril, incluyan a quienes directa o indirectamente, perpetraron, ordenaron, apoyaron o toleraron dichos actos, incluyendo la cadena de mando de las autoridades implicadas porque “estos actos no deberían quedar sin sanción”.

“No solo debe investigarse a quien cumple la orden, sino a quien emite la orden, de manera que debe investigarse toda la cadena de mando como tal. Es una necesidad y es un estándar internacional de derechos humanos hacerlo de esa manera”, apuntó Fernández Maldonado.

Comisión de la verdad internacional

Naciones Unidas llamó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a monitorear la evolución de la crisis sociopolítica de Nicaragua, considerando la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos y alentando a la Asamblea General a actuar de la misma manera.

Estas medidas podrían incluir la creación de una Comisión Internacional de Investigación o una Comisión de la Verdad híbrida (nacional– internacional), “para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.

Según Naciones Unidas, las autoridades estatales en Nicaragua “han fallado en investigar correctamente los hechos en torno a la muerte de personas en el contexto de las protestas, y en identificar, procesar y penalizar adecuadamente a los presuntos responsables”.

“La falta de independencia del Poder Judicial y las irregularidades reportadas respecto de la Procuraduría General de la República y del Instituto de Medicina Legal, plantean serias preocupaciones en términos de rendición de cuentas”, agrega.

Exilio forzado

El documento de Oacnudh aporta 12 recomendaciones al Gobierno, entre las que piden poner fin al acoso, intimidación, estigmatización y criminalización de la protesta; desmantelar y desarmar los grupos armados progubernamentales; detener los arrestos ilegales y liberar a las personas detenidas arbitrariamente y retomar el diálogo nacional de manera inclusiva.

Además, la ONU denunció que el grado de represión "es tan alto" en Nicaragua que ha forzado al exilio a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones distintas a las del Gobierno, en un patrón de violencia que no cesa.

"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", dijo el Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein en un comunicado divulgado en ocasión de la publicación del informe.

El informe señala que en la primera fase de la crisis la policía y elementos armados pro-Gobierno —entre ellos las denominadas "fuerzas de choque" y turbas— reprimieron las protestas, y en una segunda etapa desmontaron violentamente las barricadas levantadas por los manifestantes.

Agrega que "aunque el Gobierno ya no niega la existencia de elementos armados progubernamentales, sí aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”.