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Familiares del coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, Carlos Ramón Brenes Sánchez, denunciaron su detención arbitraria y el allanamiento ilegal de su vivienda bajo el mando del segundo jefe de la Policía Nacional, comisionado general Ramón Avellán.

Brenes, quien en 1970 era un joven guerrillero sandinista y 9 años después fue fundador del Ejército Popular Sandinista, se convirtió este miércoles en reo político, al ser acusado por la Fiscalía de terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos (transporte).

La acusación fue presentada en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Managua.

Salvadora Martínez, esposa de Brenes, afirmó que él fue detenido el martes en Peñas Blancas cuando intentaba ir a Costa Rica para su acostumbrado chequeo médico, ya que a sus 63 años padece de diabetes, y ella dijo sentirse muy preocupada porque de no tomar sus medicamentos, puede descompensarse.

“Lo están responsabilizando de varios delitos en los que no tiene nada que ver. Lo único que hizo fue leer un comunicado del Movimiento de Retirados del Ejército y después de eso él no participó en marchas ni en tranques”, dijo Martínez.
Añadió que el detenido no tiene relación con el mayor retirado y pastor evangélico Tomas Maldonado, aunque ambos viven en Carazo.

Tanto Brenes como Maldonado están detenidos y son parte de un listado de nueve personas acusadas por supuesto terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicio público y daño agravado.

Otro exmilitar acusado es Roberto Danilo Samcam Ruiz, quien abandonó el país.

La proclama del 16 de mayo era una petición de salida del poder al presidente Daniel Ortega. Brenes la leyó como coordinador del Movimiento de Retirados del Ejército.

Acusado de ataque

En el escrito acusatorio contra el coronel en retiro Carlos Brenes se asegura que convocaba a las reuniones en las que presuntamente participaron quienes después estuvieron en los tranques antigubernamentales en Diriamba y Jinotepe.

En el escrito acusatorio, en que también acusan al exmilitar Tomás Maldonado Pérez, quien rezaba en los tranques, se asegura que Brenes participó en tres ataques armados contra el comando policial de Jinotepe entre el 12 de junio y 8 de julio del año en curso.

El coronel en retiro Carlos Brenes Sánchez, acusado de terrorismo. Nayira Valenzuela\END

El primer ataque armado al comando policial de Jinotepe y donde presuntamente participó el coronel Brenes aconteció a las 5:00 a.m. del 12 de junio y en el mismo resultó herido de bala el jefe de la Policía en esa ciudad, comisionado mayor Pedro Rodríguez Argueta.

Tres días después (15 de junio), Brenes habría participado en otro ataque armado a ese comando policial, que se extendió durante 15 horas, expresa la acusación del Ministerio Público.

El órgano acusador también señala a Brenes de haber participado con otros jinotepinos en la colocación de dos cisternas cargadas de combustible a 15 metros de la entrada principal de la policía en Jinotepe, con la intención de hacerlos explotar.

Además, se le hace responsable de la muerte del policía Hilario Ortiz  Zapata, acontecida el 8 de julio durante la operación limpieza hecha por fuerzas parapoliciales y antimotines de la Policía.

Durante la audiencia preliminar, la abogada Karla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, quien ejerce la defensa del militar retirado, alegó que Brenes no puede estar en prisión por tratarse de un reo valetudinario, tiene 64 años y padece de diabetes.

Exmilitares rechzan 

Aníbal Nicolás Espinoza Maradiaga, miembro del Movimiento de Retirados del Ejército, dijo que es lamentable que estén aplicando el principio de “si no estás conmigo, te va a llover duro”.

“Es increíble que le hicieran esto (a Brenes y Maldonado), porque Maldonado hasta fue secretario político (del FSLN) del departamento de Carazo y posteriormente responsable de la seguridad de Petronic”, apuntó.

Maldonado se integró a las cosas de Dios y “los chavalos que estaban en las barricadas le pidieron que fuera a orar por ellos, él lo hizo, y por eso lo satanizaron, lo capturaron y lo acusan de terrorismo”, expresó Espinoza.  

   

Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señaló que continúa la persecución a personas que fueron combatientes y miembros del partido de gobierno que rechazaron participar en la represión.

La abogada demandó que las autoridades brinden la información necesaria sobre la detención y les permita recibir los medicamentos correspondientes, porque es un derecho humano básico.