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La policía Nacional ha desplegado a oficiales de la Brigada Especial de Antimotines en la rotonda Rubén Darío, frente al Consejo Supremo Electoral; en la carrretera a Masaya; y cerca de la Universidad  Nacional de Ingeniería (UNI), previo a la protesta de ciudadanos autoconvocados, quienes habían organizado una cadena humana para este medio día, en solidaridad con los presos políticos y los desaparecidos.

Esa cadena humana está prevista que se realice de la rotonda Rubén Darío a la Universidad Centroamericana (UCA).

"No se sabe si (las personas desaparecidas) están en las cárceles o fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales", según declaraciones de los organismos humanitarios.

La manifestación coincide con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, celebrado por la ONU cada 30 de agosto desde 2011.

Organismos humanitarios locales estiman que entre 400 y 500 personas han desaparecido o fueron convertidos en "reos políticos" desde el estallido social de abril.

Ayer la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), responsabilizó al Gobierno de Nicaragua por "desapariciones forzadas", además de "detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado", así como "uso desproporcionado de la fuerzas por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales".

También lo señaló de la "criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno", lo que ha dejado más de 300 muertos.

Hasta el momento no había manifestantes en el sector de la rotonda Rubén Darío. Orlando BarriosY END

Antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido un informe con conclusiones similares, en el que calculó 322 muertos.

Ortega, quien reconoce 198 muertos, ha negado los señalamientos, descalificado a los organismos, e insiste en que todo se debe a un "golpe de Estado".

Nicaragua atraviesa la crisis más difícil desde los años de la década de 1980, también con Ortega en la Presidencia.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.