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  • EFE

Medio centenar de onegés de América dijeron hoy que en Nicaragua se han roto "los más esenciales valores democráticos" y que la crisis del país, con la muerte de centenares de personas en protestas contra el Gobierno, debe ser abordada por el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo miércoles.

Las organizaciones argumentaron en un pronunciamiento conjunto difundido este viernes por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que la expulsión de Nicaragua de una misión de la ONU "refleja la voluntad de obstruir cualquier escrutinio internacional y el carácter autoritario del gobierno nicaragüense" que preside Daniel Ortega.

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El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que ha dado por "concluida" la visita de una misión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), luego de que esta denunciara el miércoles en un informe el "alto grado de represión" de las protestas contra el Gobierno.

A juicio de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, "la actitud de Nicaragua frente a la comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis" que afronta desde el pasado 18 de abril, cuando estallaron las protestas civiles.

"En tanto, la represión y violencia no se detienen y se recrudece la criminalización de manifestantes, estudiantes, líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos como forma de amedrentamiento de quienes se oponen a las posiciones institucionales", añadieron las onegés de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Nicaragua.

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En este contexto, las organizaciones hicieron un "llamado urgente a la comunidad internacional a observar, condenar y dar seguimiento cercano a esta grave situación, que daña de manera irremediable los pilares democráticos del país y coloca a las personas en Nicaragua en una situación de aún mayor vulnerabilidad".

"A los Estados de las Américas les urgimos a que den respuesta acorde con la gravedad de una decisión que evidencia un rompimiento con los más esenciales valores democráticos (...) reiteramos la necesidad de que la situación en Nicaragua forme parte de la agenda de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre", añadieron.

La crisis de Nicaragua ha dejado entre 300 y 448 muertos, según los organismos humanitarios locales e internacionales, mientras el Gobierno reconoce 198 y denuncia un presunto intento de golpe de Estado.

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En su informe, la Acnudh acusa al Gobierno de Ortega por el "uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica", entre otras violaciones a los derechos humanos, contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo.

También denuncia "la grave crisis de derechos humanos desde inicios de la protesta", el pasado 18 de abril, que "se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión, que ha dejado al menos 300 muertos y 2,000 heridos o afectados".

Ortega rechazó el mismo miércoles pasado el informe del organismo mundial y aseguró que "ya nadie cree" en los entes humanitarios internacionales, incluido el de la ONU, porque, a su juicio, "son instrumentos de la política del terror, de la muerte, de la mentira, de la infamia".