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Rebeca Montenegro de Trinidad, madre de Elsa Valle, estudiante universitario que actualmente es una de las muchas presas políticas del Gobierno, denunció que fue despedida del Inatec por represalias. 

Montenegro de Trinidad denunció ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), que el viernes le fue entregada su carta de despido por la directora del Inatec. Precisó que el argumento que utilizó el Gobierno para despedirla fue recorte de personal por falta de presupuesto. 

Sin embargo, está segura  que se trata de una venganza, ya que su esposo, Carlos Valle, ha sido muy activo en demandar la liberación de su hija y otras mujeres detenidas por manifestarse en contra del Gobierno. Montenegro de Trinidad afirmó que ella desempeñó el cargo de asesora legal y trabajó 17 años en este lugar. 

“Yo trabajé en auditoría interna. La directora de recursos humanos Blanca Rosa Cruz González, personalmente me entregó la carta. No tiene criterio legal bajo qué argumento me despiden. Es una forma más de violentar los derechos de los ciudadanos”, declaró. 

La ciudadana reveló que dentro de esta institución hay mucha represión. “En esas instituciones hay gente que está obligada a ir a las marchas y los hacen que firmen. Yo me negué a firmar. Nunca haré algo en contra de la mayoría de la población, detalló”. 

Relató que “la directora de recursos humanos entró a mi oficina y habló con mi jefa. Luego de 20 minutos, me mandaron a llamar y me dijeron que prescindían de mis servicios a partir de hoy (ayer) porque había recorte de presupuesto”.  

Reveló que nunca estuvo de acuerdo con lo que hace el Gobierno y que mantuvo un perfil bajo. “Tengo principios y tengo un contrato laboral que debía cumplir. Pero desde hoy yo me uno a la lucha de muchos nicaragüenses. De hambre no me voy a morir. Me debo a las normas de nuestra constitución”, expresó. 

En la carta que le fue entregada por la directora de recursos humanos no precisa el motivo del despido. Sin embargo, le agradecen por el tiempo que laboró para esta institución.  

Por su parte, el presidente de la CPDH, Marcos Carmona, calificó el acto como una forma de represión. A su criterio, la acción viola los procedimientos de derecho laboral. “El Gobierno ha despedido  a varios trabajadores por no estar de acuerdo con su política”, dijo Carmona.