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El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), cuya misión fue expulsada de Nicaragua este viernes, contradice la mayor parte de argumentos que el Gobierno ha utilizado a lo largo de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

Descartó la posibilidad de un intento de golpe de Estado, confirmó la utilización de grupos armados en la represión a las protestas y ratificó que en el país persiste un clima de temor.

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El documento titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” indica que “lejos de reconocer su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos”, el Gobierno culpa a la oposición por lo que denomina “violencia golpista”, aunque la mayoría de testimonios recibidos apuntan a violaciones de derechos humanos perpetrados por la policía.

Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la misión, explicó que al conocer la hipótesis del Gobierno sobre el supuesto intento de golpe de Estado, solicitaron acceso a información y lugares que ratificaran esto, pero el Gobierno no respondió a estas peticiones.

“La información a la que hemos tenido acceso no apoya esa visión. Por el contrario, desde la perspectiva de derechos humanos sí hemos encontrado acciones que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos, no desde esa perspectiva gubernamental”, aseguró el funcionario.

Contradice normalidad

Lejos de reconocer la normalidad que de acuerdo al Gobierno está recobrando el país, el documento señala que “la sistemática persecución y represión de la disidencia o de la oposición, sumado a la continua intimidación por parte de grupos armados progubernamentales, ha resultado en un clima de temor generalizado, frustración y desesperación en la población”.

Agrega que en la actualidad, no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

La ONU confirmó la existencia de grupos armados progubernamentales que operaron junto a la Policía en el levantamiento de tranques y la represión a protestas, además comprobó la utilización de armamento letal contra civiles.

El Gobierno sostiene que las fuerzas policiales emplearon armas neutralizantes no letales “con fines de minimizar el riesgo de muerte y lesiones”, pero Naciones Unidas dio cuenta de lo contrario.

La Oacnudh concluyó que en casos que hubo actos de violencia por parte de los manifestantes, “el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales también fueron violatorios del derecho internacional de los derechos humanos”.

Represión continúa

El documento detalla que la represión contra las protestas desatadas el 18 de abril se ha ejecutado en tres etapas. Según el informe, la fase inicial se caracterizó por la respuesta represiva del Estado a las manifestaciones públicas y por la generalización de las protestas por todo el país en distintas modalidades, incluyendo barricadas y tranques.

La segunda etapa (desde mediados de junio a mediados de julio) se caracterizó por el levantamiento por la fuerza de las barricadas y tranques por parte de las autoridades estatales y “elementos armados progubernamentales”.

“En la tercera y actual etapa, que comenzó tras la represión de las protestas, se ha producido la criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al Gobierno”, concluye el informe.