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El hecho que el magistrado del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, no haya cumplido con los requisitos de ley para desempeñar el cargo, significa que usurpó funciones durante las elecciones municipales, y esto se suma al cúmulo de irregularidades que ocurrieron en el sufragio de noviembre del año pasado, estimó el jurista Sergio García Quintero.

“Roberto Rivas está desempeñando un cargo putativo --o que no le compete-- por no haber cumplido con los requisitos del ley, por lo tanto, lo actuado por él en el pasado proceso electoral no tendría validez. Esto pasa a ser parte de las fallas e irregularidades en documentos públicos. Por esto y por otras cosas es objeto de acusaciones en el Ministerio Público, que con más razón ahora tiene que investigar”, expresó el doctor García Quintero.

El abogado Gustavo García Prado, del Grupo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, anunció que reacusará a Rivas ante la Fiscalía, luego de que los fiscales archivaran una primera denuncia que interpuso meses atrás, porque consideraron que no hay méritos para abrir un proceso investigativo.

END habló con el fiscal a cargo del caso Rivas, Manuel Reyes Juárez, y éste ofreció cortésmente explicar sus argumentos hoy, lunes, en su oficina del Ministerio Público.

García Quintero considera que Rivas se encuentra al frente de uno de los poderes del Estado, como un funcionario que fue ilegalmente investido, con un sinnúmero de beneficios y privilegios que le concede un cargo que realmente no le corresponde.

En espera de justicia

“No creo que el presidente de la Contraloría (Guillermo) Argüello Poessy esté inventando la situación, y más bien me parece muy oportuno que se aplique la función fiscalizadora ante uno de los funcionarios más protegidos, primero por el cardenal Miguel Obando, luego por Arnoldo Alemán cuando era presidente, y ahora hasta por el actual mandatario, Daniel Ortega”, dijo el jurista.

La semana pasada, Argüello Poessy denunció que Rivas no ha rendido otra declaración de probidad más que la de 2000, aun cuando fue reelecto en el cargo en 2005. El magistrado ha dicho en la televisión que sí existe constancia de que cumplió con la Ley de Probidad al rendir su patrimonio, pero el colegiado lo retó a que demuestre en la Contraloría el asunto y no en la televisión.

Para García Quintero, la población espera que se haga justicia, y las instancias encargadas en este caso deben actuar. “No sólo por la falta de declaración de probidad, sino ante las denuncias de enriquecimiento ilícito y por fraude electoral”, afirmó.

“Es increíble cómo una personas que inició en el gobierno prácticamente con una mano adelante y la otra atrás, ahora sea uno de los funcionarios públicos millonarios de Centroamérica, tenga un yate, un avión y posea propiedades dentro y fuera del país. Tiene mucho que explicar a la población, y la declaración de probidad es indispensable”, expresó el jurista.

Fiscales sin excusas

Por su parte Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, le recordó al Ministerio Público que su organización, junto a otras de la sociedad civil, interpuso una denuncia en contra de los magistrados hace un mes y están en espera de que actúen.

“Aunque tienen un período para responder sobre el caso, hasta el viernes no tenemos información de que la Fiscalía haya decidido investigar el fraude, tampoco por la violación de la ley de información que comete esta institución al no facilitar los resultados totales de las elecciones municipales del año pasado”, dijo Carmona.

Anunció que hoy, las organizaciones que interpusieron la denuncia se reunirán para exigir acciones del Estado, ya que los funcionarios públicos deben ser los primero en cumplir con las leyes.

“El –Rivas-- es un funcionario público que, según supimos, gana 5 mil dólares mensuales, pero se da una vida de lujo, y da la impresión de ser el todopoderoso, hasta ahora. Mientras tanto, las instancias pertinentes le dejaron tomar el cargo sin su declaración de probidad, y desde 2005, hasta ahora se dieron cuenta de que esos documentos no los había entregado, pasando por la Constitución de la República y sus leyes”, indicó.

El director de CPDH dijo que ahora tienen que cumplir con la ley, al igual que el Ministerio Público, institución que en estos momentos tiene la oportunidad de actuar abriendo un proceso por las vías judiciales siguiendo sus mismos reglamentos.

“En Nicaragua la corrupción de algunos funcionarios públicos no es raro, y el problema es que muchos sirven a intereses personales y políticos. Por eso no hay acceso a la justicia”, expresó Carmona.