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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó la criminalización  por parte de la Policía Nacional de una convocatoria ciudadana para ejercer el legítimo derecho constitucional de protesta.

"La Policía Nacional en su nota de prensa #107-2018, emitida hoy domingo 2 de septiembre, además de mentir sobre los organizadores de la marcha de las banderas, altera la realidad al decir que en esta también participaban grupos de encapuchados con armas de fuego, lanza morteros y bombas molotov que se desplazaban en camionetas sin placas", indica un comunicado de la Alianza Cívica.

En dicha nota de prensa la Policía Nacional también señala que los participantes a la marcha cívica atacaron una patrulla y a varios miembros de las fuerzas policiales.

"Finaliza amenazando y criminalizando una vez más al decir: realiza las investigaciones para determinar las responsabilidades tanto de los sujetos que convocaron a esta marcha que no fue pacífica, así como a los autores de este acto terrorista que responden a la estrategia de grupos golpistas”, señalan los dirigentes de la Alianza Cívica.

La marcha fue atacada esta mañana por simpatizantes afines al gobierno que desde camionetas con banderas rojinegras realizaron disparos contra manifestantes, los cuales quedaron evidenciados en videos transmitidos en diversos medios de comunicación y en las redes sociales.

El ataque dejó como saldo que el médico Carlos Fletes, resultara herido en un brazo, y que desembocara en la quema de una unidad policial.

"Reafirmamos que nuestra lucha es cívica y pacífica y rechazamos toda expresión de violencia. Lo hemos sostenido en todas nuestras comunicaciones y lo reiteramos en esta", indican representantes de la Alianza Cívica.

Los miembros de esta agrupación también retomaron las palabras del informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado el 29 de agosto.

El médico especialista Carlos Fletes, quien participaba en la marcha pacífica, resultó herido de bala en su brazo izquierdo y otro disparo cerca del pecho. Nayira Valenzuela/ END

“Los Estados tienen el deber de proteger a los participantes en reuniones pacíficas de los actos perpetrados por personas aisladas o grupos de personas, incluidos agitadores y contra manifestantes, que tienen por objeto perturbar o dispersar tales reuniones”, recordó la Alianza Cívica, que además rechazó que se tilde de golpista cualquier forma de protesta garantizada en la Constitución Política.

“En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la crisis, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a defensores de los derechos humanos y a los medios de comunicación, por lo que ha denominado ‘violencia golpista’, así́ como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional. Más aún, el Gobierno atribuye la responsabilidad por todos los actos de violencia a aquellos que participaron en las protestas”, finaliza el pronunciamiento de la Alianza Cívica.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) conformada por estudiantes, campesinos, académicos, religiosos, representantes de la Costa Caribe, sociedad civil y empresa privada, se creó ante el llamado al Diálogo Nacional por parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para trabajar en torno a dos temas prioritarios para salir de la gran crisis que vive el país desde abril del 2018: justicia y democracia.

Las protestas contra el presidnete Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de renuncia al mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.