•   Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

Las autoridades estatales de Nicaragua “han fallado en investigar correctamente” los hechos en torno a las muertes de personas en el contexto de las protestas ocurridas en el país desde el pasado 19 de abril, y tampoco han logrado “identificar, procesar y penalizar adecuadamente a los presuntos responsables”, señala la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Oacnudh) en su informe sobre    Nicaragua.

El reporte añade que “según información disponible de la Oacnudh, no habrían procesos penales abiertos contra autoridades del Estado en relación con su posible responsabilidad por violaciones de derechos humanos”, las que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias, casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención.

 INSS registra alto déficit en abril y junio

En cambio, alrededor de 300 personas estarían siendo procesadas por su implicación en las protestas y de esos, al menos, 85 estarían enfrentando cargos relacionados con terrorismo, refiere el informe.

La Oacnudh, basándose en numerosos casos documentados, observó que “las violaciones a las garantías del debido proceso han sido generalizadas en los procedimientos judiciales en contra de aquellos acusados de haber cometidos delitos en el contexto de las protestas”.

 Brenes lamenta retiro de la misión de la ONU

También se documenta que existe un patrón de detención que incumple con los procedimientos legales establecidos en la legislación nacional.

Por ejemplo, para ejecutar detenciones no se presentan órdenes de arresto, no se informa acerca de las causas de la detención o de los derechos de los detenidos, y las capturas son contra los que participaron en actividades opositoras al Gobierno.

 Alianza Cívica pide al Ejército apoyar salida pacífica

Este domingo, un día después de que la misión de la ONU abandonara el país por orden del Gobierno, la Oacnudh insistió a través de sus redes sociales en que el Estado “debe asegurar que el debido proceso sea respetado y que cualquier acusación criminal sea acorde con principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad individual”.