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El presidente Daniel Ortega aseguró en una entrevista con la agencia EFE, publicada este martes, que adelantar elecciones para salir de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua “es lo más absurdo que se ha planteado”.

El mandatario nicaragüense insistió en su versión sobre un intento de golpe de Estado y dejó en entredicho la continuidad del diálogo nacional con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al afirmar que ya se encuentra en marcha un “diálogo de reconciliación” con el pueblo.

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Los periodistas Fernando Garea y Sabela Bello consultaron a Ortega sobre las opciones de diálogo en este momento, ya que el mandatario ha dicho que la solución a la crisis es uno “pueblo con pueblo”.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.

“Estamos en un diálogo de reconciliación porque yo llamé a un diálogo (nacional), pero desgraciadamente no fue a ningún lado, fue un show. Lo transmitieron por la televisión y ningún proceso de paz se transmite por la televisión. Se trabaja en privado, se prepara y solo se dan a conocer los resultados”, dijo el presidente sobre el diálogo nacional suspendido desde el 25 de junio.

Contrario a la posición del mandatario, diferentes países, la Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU) y El Vaticano ven en el diálogo nacional la única salida a la crisis que ha dejado, al menos, 322 muertos, según organismos de derechos humanos.

En su informe sobre violaciones a derechos humanos y abusos en el contexto de la crisis de Nicaragua, una misión de Naciones Unidas llamó al Gobierno a “reanudar el diálogo nacional de una forma debida e inclusiva, para lograr acuerdos basados en los derechos humanos y principios democráticos”.

Según Ortega, el diálogo entre su gobierno y los sectores de oposición reunidos en la Alianza Cívica, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, “era un teatro donde se dedicaban a insultarnos, no a dialogar”.

“No iba a ningún lado y no generaba confianza en la población, sino que el ejemplo era negativo para la población”, sostuvo.

Las elecciones

Sobre la posibilidad de adelantar las elecciones, como propuso la OEA y la Alianza Cívica y continúan demandando miles de nicaragüenses en marchas ciudadanas, Ortega insistió en que hacerlo “no tiene sentido”.

“Es lo más absurdo que se ha planteado, sería sentar un precedente muy negativo que daría lugar a que en cualquier momento habría que hacer pasar un Gobierno cuando a la oposición no le gustara sus medidas. Sería vivir la historia de países iberoamericanos que no tenían estabilidad y que tenían que estar cambiando gobiernos continuamente porque iba la gente a protestar a la calle y el Ejército venía y sacaba al presidente”, refirió.

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El mandatario recalcó que en Nicaragua se intentó dar un golpe de Estado. “Lo que querían era un plan para salir del Gobierno. Sacaron las uñas de espuela inmediatamente. Fue una acción acompañada de la petición de la salida inmediata del Gobierno”, declaró.

Por su parte, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), cuya misión salió de Nicaragua el pasado sábado a petición del Gobierno, descartó que las protestas iniciadas en abril obedecieran a un intento de golpe de Estado.

Oacnudh hizo énfasis en que confirmó violaciones de derechos humanos a través de la utilización de grupos armados pro-Gobierno en la represión a las protestas cívicas.

Ortega niega que su gobierno use paramilitares

En una entrevista con la agencia EFE, el presidente Daniel Ortega culpó a la oposición y a Estados Unidos por las muertes registradas desde el 19 de abril y aseguró que su gobierno ha respetado los derechos humanos desde el inicio de las protestas en su contra.

“Aquí los responsables de estas muertes son los que han promovido, financiado y alimentado estos actos y detrás está la política norteamericana de la Florida que ha logrado una influencia en el Congreso norteamericano y presionar a ese Gobierno”, dijo Ortega en la entrevista divulgada este lunes.

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Por su lado, en un informe del 24 de agosto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH, concluye que “conforme a la evidencia observada y contrastada, la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”.

En esta entrevista, el presidente cambió su versión sobre la existencia de grupos paramilitares y dijo que “los únicos paramilitares que han existido en Nicaragua son estos que se forman después del año 2007 y han cometido y siguen cometiendo cantidad de crímenes”.

Hace varias semanas, en una entrevista con CNN en español el mandatario nicaragüense afirmó que los encapuchados que acompañan a la Policía son policías voluntarios.

El informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sostiene que “desde los primeros días de la crisis, surgió un patrón caracterizado por la implicación de elementos armados progubernamentales”.

Versión de masacre

Ortega también se refirió a la muerte de una familia en el barrio Carlos Max, de Managua, cuya vivienda fue incendiada. Dijo que la casa era habitada por un sandinista que tenía una fábrica de colchones “y como no se sumó al paro y estaba en la zona caliente (conflicto), lo fueron a agredir y a pegar fuego”.

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El informe de la ONU concluyó que el 16 de junio, seis miembros de esa familia, incluyendo un niño de tres años y un bebé, “murieron como resultado de un incendio provocado. Según consta, la casa fue incendiada porque los dueños no permitieron a la policía y a los francotiradores utilizar el tejado”, afirma la misión de la ONU basándose en declaraciones de testigos.

“Quemaron mi casa, en la colchonería, en el edificio y toda mi familia está muerta: los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá (...). Quemaron mi casa y yo pude salir porque me tiré del balcón”, declaró desesperada la única sobreviviente y testigo, Cinthia Velásquez López, quien señaló a policías y civiles armados como los responsables del incendio.

Marcha de las madres

El presidente nicaragüense negó que el ataque contra participantes en la Marcha de las madres, el pasado 30 de mayo, lo hayan realizado fuerzas policiales y simpatizantes sandinistas.

“Eso es una gran mentira”, declaró Ortega. “Allí lo que hubo fue una embestida de parte de los manifestantes en contra de la otra marcha (pro-Gobierno) que iba hacía la avenida Bolívar, una embestida armada”.

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Según la información recabada por la Oacnudh, la marcha en Managua “fue atacada por grupos armados progubernamentales ubicados cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería, mientras que ataques similares tuvieron lugar contra otras marchas a lo largo del país”.

Reportes periodísticos indican que el ataque vino de fuerzas policiales y parapoliciales fuertemente armadas. El ataque dejó, al menos, ocho muertos en Managua.

No reconoce presos políticos

El presidente Ortega dijo a EFE que es un principio de su gobierno no aplicar torturas y que en el país no existen presos políticos.

“Los que están detenidos, están detenidos por crímenes que han cometido en contra del pueblo y están siendo sometidos a los procesos correspondientes. Nadie está detenido por sus ideas y por su activismo político”, sostuvo el mandatario.

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Desde los primeros días de la crisis, según el informe de la ONU, “las fuerzas de seguridad han recurrido ampliamente a arrestos y detenciones como forma de reprimir a aquellos que participan en las protestas y manifestaciones”.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la detención usualmente se dirige en contra de aquellos que participaron en algún tipo de actividad opositora al Gobierno o que son percibidos como opositores.

El pasado fin de semana la policía apresó sin órdenes judiciales a por lo menos 14 manifestantes en Managua, Masaya, Catarina y Estelí, reportó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que ha confirmado la existencia de 332 personas detenidas por participar en las protestas contra el Gobierno.