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Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz designada por la Asamblea Nacional para investigar la violencia en el contexto de las protestas antigubernamentales, reconoció, ayer, que hubo “abuso de autoridad” por parte de la Policía Nacional y que los civiles armados “legalmente hablando”, son parapolicías, no policías voluntarios.

El académico aseguró en entrevista con el periodista Danilo Lacayo, de Canal 12, que todos los casos de detenciones efectuados en abril, cuando iniciaron las protestas, fueron “ilegales”.

“Independiente de que todos salieron en ese momento, todos estuvieron detenidos ilegalmente, porque a las 48 horas no los soltaron y tampoco les pusieron cargos. Claro, vos lo entendés como querrás. Fue un abuso de autoridad, por supuesto”, expresó Amador durante la transmisión televisiva.

El informe oficial de la Comisión de la Verdad, con información de hechos ocurridos entre abril y julio, señaló que 204 de los 505 detenidos en los primeros días de protestas fueron remitidos al Sistema Penitenciario y que, además, se encontró  “un exceso en el término máximo legal de estas detenciones”.

La Policía Nacional no ha brindado cifras sobre el total de personas apresadas desde el inicio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Sin embargo, al menos, unas 300 personas están detenidas o ya enfrentan juicios por hechos relacionados a su involucramiento en las protestas, refirió Amador.

De acuerdo con Amador, la Comisión de la Verdad tampoco ha tenido el acceso a la información sobre estos procesos.

Sobre los parapolicías

Amador también reconoció durante la entrevista la existencia de fuerzas parapoliciales o encapuchados armados que han actuado en conjunto con la Policía Nacional en las denominadas “operaciones limpieza” para el desmantelamiento de tranques.

“Los encapuchados que acompañan a la policía, hay una versión de que son policías voluntarios, hay otra versión de que son militantes sandinistas o viejos miembros de la Policía. Legalmente hablando son parapolicías y lo decimos en el informe”, enfatizó.

Según Amador, la Comisión de la Verdad “recordó” en su informe final que las únicas instituciones que tienen la legitimidad de portar armas son el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.