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La madre del menor, que señala a oficiales policiales de haberle marcado las siglas del partido FSLN en el brazo, denunció el caso ante el Ministerio Público.

La información fue confirmada por representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuyo equipo jurídico acompañaron a la denunciante.

Las abogadas Verónica Nieto y Karla Sequeira estuvieron presentes al momento de realizar la denuncia en horas de la tarde del lunes pasado.

“En un primer momento no querían recibir la denuncia de la señora, pero después de insistir finalmente se pudo interponer con el apoyo de las doctoras Nieto y Sequeira”, confirmó la vocería de la CPDH a El Nuevo Diario.

Al momento de la denuncia, la CPDH solicitó al Ministerio Público que exija a la Policía Nacional la identidad de los agentes involucrados en esta agresión contra el menor, y pidió, además, una revisión física y sicológica por parte del Instituto de Medicina Legal.

El caso

El pasado 23 de agosto,  el menor en compañía de su madre denunció ante la CPDH que al pasar cerca de la estación cinco de la Policía, en Managua, fue detenido por, al menos, ocho oficiales para requisarlo. Al preguntarle sobre si conocía al líder universitario Lesther Alemán este respondió que no lo conocía, y agregó que “aunque lo conociera tampoco se los diría”.

Molestos uno de los oficiales habría desenfundo su arma de portación y le apuntó, mientras otro lo tomó del brazo y lo llevó al parqueo de la estación policial, en donde valiéndose de una aguja habría marcado las iniciales del FSLN en la parte interna del brazo izquierdo del adolescente.        

El niño señaló de la agresión a miembros de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP). En declaraciones recogidas por la agencia de noticias ACAN- EFE, la madre del menor solicitó que los “altos mandos de la Policía investiguen a las personas que le hicieron esto a mi hijo”.

La semana pasada la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.