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El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua interpuso esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, un un recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley sobre terrorismo aprobada el 17 de julio pasado por la Asamblea Nacional de Nicaragua.

El recurso va dirigido contra el presidente Daniel Ortega y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, e indica que las reformas a artículos del Código Penal que ordenó la nueva ley contra el terrorismo, "violentan la Constitución Política", indica el organismo Observatorio Pro Transparencia.

El secretario general de la CSJ, Rubén Montenegro, fue quien recibió el escrito, aseguró Alberto Novoa, asesor legal de este organismo jurídico.

El recurso explica que la recién aprobada Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, manda la reforma a los artículos 394 y 395 del Código Penal, modificando la definición de terrorismo y financiamiento al terrorismo.

El documento indica que esos nuevos conceptos son muy amplios y usa tipos penales abiertos, dejando a discrecionalidad de las autoridades la interpretación y alcance de esos articulos con "el único objetivo de abrir espacio a la criminalización de las protestas públicas ciudadanas", indicó Novoa.

"Dichos conceptos redactados en el Código Penal violentan los articulos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua", explicó el jurista Novoa.

Este observatorio lo integran el Movimiento por Nicaragua; Hagamos Democracia; el Instituto de Liderazgo de la Segovia, el Movimiento Puente, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH y la Comisión Permanente de los Derechos Humanos.La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, aprobó el 17 de julio pasado una ley que entre otras cosas castiga el terrorismo con hasta 20 años de prisión a quien mate o lesione a una persona, aunque no participe en una situación de conflicto armado, ocasione daños a bienes públicos o privados o pretenda a como lo indica la ley “alterar el orden constitucional” u obligar a un Gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

La ley, que fue aprobada durante una sesión extraordinaria con 70 votos a favor de la mayoría sandinista, fue propuesta por el presidente Daniel Ortega al Legislativo y fue aprobada en medio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, originada por protestas contra el Gobierno, y que este describe como actos terroristas.

La oposición parlamentaria argumenta que con esta norma se pretende criminalizar las protestas.