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Varias organizaciones civiles presentaron este lunes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley 977, contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas, por considerar que da pie a que sea usada como un “arma política” y cualquier persona sea acusada y condenada como terrorista, particularmente, aquellas que se han manifestado en contra del Gobierno.

Alberto Novoa, asesor legal del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua, advirtió que aplicar la ley tal como está “tiene una apertura enorme y permite al juez una gran discrecionalidad para calificar cualquier conducta como prohibida, y adecuarla al terrorismo, y las penas son altas, de 15 a 20 años”.

“Menoscaba los derechos, porque queda a discreción judicial si una persona es terrorista, y como ya sabemos, el proceso judicial está siendo empleado como arma política, y es un arma muy dura”, valoró el exprocurador.

Argumentos 

El recurso por inconstitucionalidad es contra el presidente del Poder Ejecutivo y el presidente de la Asamblea Nacional, por ser quienes sancionaron y mandaron a publicar la Ley 977 que contiene las reformas al Código Penal que modifican la definición de terrorismo y financiamiento al terrorismo.

“Pedimos a la Corte que rechace esta reforma a la ley (977) porque viola los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua, en los cuales se garantizan la petición, la manifestación, la protesta, la reunión libre de los nicaragüenses”, precisó Novoa.

ALBERTO NOVOA explicÓ que el concepto de terrorismo puede ser manipulado.  José Espinoza\END

Explicó que los  artículos  394 y 395, que fueron reformados en el Código Penal, “son de los que se llaman tipo penales abiertos, que tienen una apertura enorme y permiten al juez una gran discrecionalidad para poder calificar la conducta como prohibida”.

Sin precisión

Luis Robleto, presidente ejecutivo del observatorio, dijo que “las reformas a los conceptos de terrorismo en el Código Penal se hicieron para perfeccionar esta ley, pero debían hacerlo con bastante claridad, bastante precisión, y en este caso se hizo lo contrario”.

“En lugar de precisar y aclarar cuál es la conducta que se pena, se amplió el concepto de terrorismo y queda a merced de la interpretación, en algunos casos arbitraria, de quien va a juzgar o acusar y se pueden cometer muchas injusticias”, subrayó Robleto.

Luis Robleto y Alberto Novoa presentaron este lunes el documento legal que fue recibido por Rubén Montenegro, secretario de la CSJ. Este tipo de recurso debe ser fallado por la Corte Suprema en pleno, explicaron ambos juristas.

Este observatorio funciona desde hace más de un año y está integrado por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Hagamos Democracia, Movimiento por Nicaragua, Instituto de Liderazgo de las Segovias, Movimiento Puente y la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN).

“Este recurso por inconstitucionalidad se vincula con el hecho de que nos están quitando el derecho a movilizarnos, a opinar libremente, a hacer críticas al Estado. Hay una especie de estado de sitio no declarado oficialmente, pero que de hecho lo estamos viviendo”, sostuvo Haydeé Castillo, representante del Instituto de Liderazgo de la Segovia.

La Ley 977 entró en vigencia desde el pasado 20 de julio en un contexto en el que los organismos defensores de derechos humanos señalan al Gobierno de “criminalizar las protestas” contra el Gobierno.